Los libros de historias son claros y contundentes en describir, de manera cíclica, la tragedia de Nicaragua bajo el mando de dictadores, caudillos y títeres: 53 amnistías e incontables destierros en 202 años desde la independencia en 1821.
Con el destierro y despojo de la nacionalidad nicaragüense a 222 patriotas opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua escribió un nuevo capítulo de amnistías y expatriación, el más abominable que se recuerde jamás en América Latina.
Pero vayamos a los libros y volvamos al pasado de esta Nicaragua turbulenta. Don Enrique Bolaños Geyer, el último presidente democrático de Nicaragua (2001-2006), registró en su biblioteca que la primera amnistía decretada en Nicaragua ocurrió en 1829.
Apenas habían transcurridos 8 años de independencia y ya se daban revueltas políticas por el poder. De aquella fecha se tienen pocos datos, pero se sabe que en ese año el poder Ejecutivo estaba en manos de don Juan Argüello.
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200 años después: seguimos en lo mismo
“Por de pronto —hasta que algún lector pueda documentar lo contrario— solamente se puede especular que es probable que haya sido emitida por él, quizás a raíz del fin de la guerra Argüello-Cerda con el fusilamiento de don Manuel Antonio de la Cerda o a raíz de los asesinatos en la isla La Pelona en el lago Cocibolca, ambos hechos ocurridos en 1829”, rememoró Bolaños en sus apuntes históricos.
A partir de ahí, hasta el 8 de junio de 2019, con los sucesos del 18 de abril de 2018, los mandatarios, caudillos y dictadores de Nicaragua han aprobado, ordenado y ejecutado 53 amnistías políticas mediante las cuales han liberado a personas detenidas por asuntos políticos, principalmente.
La última, de junio de 2019, sacó de la cárcel a más de 100 presos políticos de las protestas de abril de 2018, mismas que Ortega mandó a reprimir a sangre y fuego, con un saldo de 355 muertes, más de 2,000 heridos y decenas de miles de exiliados.
Esa Ley 996 o Ley de Amnistía fue publicada en el diario La Gaceta el 10 de junio de 2019 y tuvo dos fines: liberar a los presos políticos y encubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos por policías, militares, paramilitares y fanáticos sandinistas contra la población civil.
El mayor destierro en la historia de América Latina
Luego, sin embargo, Ortega recrudeció la represión y persecución y encarceló a más de 245 personas consideradas “traidores a la patria”.
A la mayoría de ellas, 222, las desterró a Estados Unidos y les despojó la nacionalidad nicaragüense sin una ley de amnistía, sino con una manipulación a la Constitución Política.
A diferencia de otros momentos históricos, en que la liberación de presos políticos ha quedado a voluntad del dictador, por presiones externas o acciones guerrilleras, en esta ocasión se obtuvo la libertad de los reos de conciencia sin disparar una sola bala.
A diferencia del violento estilo sandinista
Los sandinistas lograron la libertad de sus presos políticos, usualmente guerrilleros armados atrapados asaltando bancos, ejecutando funcionarios o emboscando a tropas, mediante acciones armadas contra el dictador de aquella época, Anastasio Somoza Debayle.
La primera de ellas tuvo lugar el 27 de diciembre de 1974, cuando un comando guerrillero asaltó la casa del funcionario somocista José María Castillo Quant y secuestró a decenas de civiles para negociar con Somoza la libertad de los presos políticos.
La acción armada permitió liberar a poco más de dos decenas de presos políticos, entre ellos los guerrilleros José Benito Escobar Pérez, Daniel Ortega Saavedra, Lenín Cerna Juárez, Carlos Guadamuz Portillo, Julián Roque Cuadra, Oscar Turcios Benavidez, Alí Rivas Vallecillo y Jacinto Suárez Espinoza.
Ironías de la vida: uno de los guerrilleros del comando, Hugo Torres, ayudó a liberar a Daniel Ortega, el preso 198, detenido en 1967 por matar a un guardia y asaltar un banco.
En 2021 Ortega, ya como dictador de Nicaragua, apresó a Torres hasta dejarlo morir en la cárcel en 2022. A Carlos Guadamuz, compañero de celda de Ortega, lo asesinó en 2004 un ex agente de la Seguridad del Estado, liberado también por Torres en 1974.
La “operación chanchera” y las ironías de la vida
La otra acción militar para liberar presos políticos, siempre al violento estilo sandinista, ocurrió en 1977 con la llamada Operación Chanchera: el asalto al Palacio Nacional donde funcionaba el Congreso.
De nuevo: guerrilleros armados liderados por Edén Pastora asaltaron a fuego el edificio, tomaron rehenes y obligaron al dictador a negociar la libertad de sus compañeros de armas.
Y de nuevo la ironía: Dora María Téllez, otra vez Hugo Torres, fueron considerados héroes de la acción, pero Ortega siempre como dictador, los encarceló en 2021. Téllez fue desterrada y despojada de su nacionalidad este año y ya dijimos, Torres murió en las mazmorras del centro de torturas El Chipote en 2022.
Pastora fue considerado traidor a la patria en 1980 y le declaró la guerra a Ortega, ante quien se rindió en 2006 al aceptar un cargo público. Murió en junio de 2020 por Covid. A diferencia de otras etapas álgidas de la historia, nunca un dictador había desterrado a tantos nicaragüenses y despojado de su nacionalidad como lo hizo Ortega este 2023.
Aquellos confinamientos y los de ahora
La dictadura de Somoza, igual que la de Ortega, pero en menos proporción, confinó a opositores nicaragüenses a sitios inhóspitos y alejados de la capital. En 1937 el mayor de los Somoza, Anastasio, confinó al poeta Manolo Cuadra a Corn Island, en el Caribe, en represalia por sus escritos críticos a la dictadura.
En julio de 1944, el mismo Tacho Somoza García, aisló por meses en Corn Island a 22 opositores, entre estudiantes, abogados y miembros del partido conservador. A otros, como al periodista Pedro Joaquín Chamorro, lo confinó en San Carlos, departamento de Río San Juan a más de 200 kilómetros de Managua.
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La ley fuga, ejecuciones y desapariciones
Quienes corrieron con peor suerte, entre los presos políticos de la historia, fueron los rebeldes a Somoza de 1954 con los llamados sucesos de abril y los de 1956, cuando atentaron contra Anastasio Somoza García cuando se reelegía, como lo haría más tarde Ortega, en la presidencia del país.
A los presos políticos de esos sucesos les aplicaron, a algunos directamente, la ejecución sumaria y otros, luego de años de torturas en las cárceles, la llamada Ley Fuga: les abrían las puertas para que huyeran y luego los asesinaban fuera de las celdas.
En 1979, los llamados Tribunales Populares Antisandinistas tenían una misión: enjuiciar en masa a ex funcionarios o sospechosos de haber sido trabajadores públicos bajo la administración somocista.
Los ex militares o ex funcionarios de rango medio, condenados en esos tribunales, según detalladas investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Permanente de Derechos Humanos, eran trasladados a la cárcel Jorge Navarro, La Modelo, en Tipitapa, donde sufrían torturas.
A cientos de presos políticos, según las denuncias en línea que se encuentran en la CIDH, entre 1979 y 1983, los ejecutaron y enterraron en fosas comunes.
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De muchos de ellos nunca se supo su destino y aparecieron abundantemente señalados los siguientes ex funcionarios sandinistas: Tomás Borges Martínez, ministro del Interior; Luis Carrión, viceministro del Interior; Lenín Cerna, jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado; capitán Raúl Cordón Morice, director del Sistema Penitenciario.
Cárceles sandinistas llenas
Esto de las amnistías encuentra en los sandinistas a sus mejores exponentes: ocho fueron otorgadas por Daniel Ortega y demás dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante la década de los ochenta.
Entonces el país estaba en una guerra civil provocada por las políticas represivas sandinistas y la resistencia campesina a tales medidas. Estados Unidos entró en apoyo de la resistencia cuando los sandinistas empezaron a querer exportar su modelo comunista a Centroamérica y la guerra civil escaló a conflicto internacional.
Los sandinistas veían enemigos por todos lados: apresaban a campesinos, indígenas, empresarios, políticos opositores, periodistas y dirigentes sindicales acusados de ser contrarrevolucionarios y traidores a la patria.
La última gran amnistía de los sandinistas ocurrió en marzo de 1990, firmada por el vicepresidente saliente Sergio Ramírez Mercado.
Inmunidad de criminales de guerra y piñateros
A diferencia de otras, que se trataban del olvido de delitos políticos y conexos en contextos de protestas, reclamos o resistencia, esta tuvo por objetivo librar de investigaciones, juicios y demandas a miles de funcionarios públicos, militares incluidos, que podían ser acusadas de delitos de lesa humanidad, apropiación indebida de propiedades (La Piñata), confiscaciones y crímenes de guerra.
Luego las siguientes amnistías tuvieron que ver con los sandinistas en la oposición y sus acciones desestabilizadoras contra los gobiernos democráticos de 1990 a 2006.
La presidenta Violeta Barrios de Chamorro aprobó las amnistías número 50 y 51 entre 1990 y 1993, a favor principalmente de “delincuentes” sandinistas que incendiaron edificios públicos, mataron a policías, asesinaron a líderes políticos y civiles, secuestraron empresarios y políticos, hicieron estallar iglesias, destruyeron bienes públicos y provocaron masacres como Pedrito El Hondureño.
Amnistía a Pedro El Hondureño
Este delincuente al mando de 200 hombres armados, asaltó la ciudad de Estelí en julio de 1993.
Asaltaron gasolineras, empresas, bancos y edificios públicos. El Ejército entró a contenerlo y el resultado fue la muerte de 45 personas y 98 heridos entre militares y civiles.
Pedrito El Hondureño, alias de Víctor Manuel Gallegos, exmayor del Ejército Popular Sandinista, era el líder del grupo terrorista de izquierda autollamado Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos (FROC).
Los sandinistas amenazaron al gobierno de la presidenta Chamorro con nuevas huelgas, protestas, asesinatos y asonadas si no lo liberaban y así, Pedrito El Hondureño fue incluido en la amnistía de agosto de 1993, junto a cientos de ex militares sandinistas alzados en armas y quienes provocaron masacres y asesinatos para desestabilizar al gobierno.
Este oscuro personaje, que luego se volvió asiduo visitante de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, reapareció en 2018 en las protestas sociales, al frente de paramilitares armados del Frente Sandinista atacando marchas, tranques y viviendas de líderes sociales.
Aquellas acciones sandinistas perdonadas con el pacto PLC-FSLN
La última amnistía política aprobada en democracia en Nicaragua ocurrió en el año 2000, ya producto del pacto entre liberales y sandinistas que permitió el regreso de Daniel Ortega al poder unos pocos años después.
Arnoldo Alemán, entonces presidente de Nicaragua, acusado de corrupción años después, pactó con Daniel Ortega una amnistía, la número 52, para liberar a ex agentes de seguridad y ex militares sandinistas acusados de dirigir grupos armados en el campo, vender y traficar armas a narcotraficantes y paramilitares, traficar drogas y otros delitos internacionales.
El 12 de julio de 2000, la Asamblea Nacional aprobó la amnistía enviada por Alemán y al día siguiente los delincuentes estaban en las calles, libres y activos para integrarse al FSLN.
Colaboración de Voces en Libertad
