En el occidente de Nicaragua, los más de 1,500 estudiantes de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cancelada por el régimen sandinista desconocen qué pasará con su carrera. Otro grupo que vive la incertidumbre, es el personal administrativo, que desconocen qué pasará con sus empleos.
Por ahora, los estudiantes siguen llegando a clases tanto al nuevo edificio, ubicado sobre la carretera a Lechecuagos, como a la Facultad de Medicina en el centro de la ciudad de León y Chinandega. “Aquí nadie explica nada, porque nadie sabe nada”, dice un estudiante.
Kenia García, estudiante de Medicina, se mostró preocupada por la situación que atraviesa la universidad. Dijo que la mayoría de estudiantes de su facultad ya están realizando sus prácticas profesionales en hospitales, clínicas privadas, farmacias y de laboratorios.
“No sabemos qué va a pasar con nuestra carrera. Dijeron que siguiéramos llegando a clase y que nos llamarían luego a reunión. Dicen que están viendo la situación con su abogado, pero eso es una pérdida de tiempo porque se enfrentan al mismo gobierno que está controlando todo”, dijo la universitaria.
“Ya sabemos quiénes quieren confiscar al país y poner a repetir frases ideológicas. Solo vean que acaban de publicar que le quitan la personería y hoy ya anda quitándole todas las instalaciones. Ya sabemos que lo que busca este gobierno es acaparar toda la educación privada, porque no les conviene que los jóvenes piensen diferente”, criticó otra estudiante de la Facultad de Diseño.
Leer también: El periodismo de Nicaragua: entre el exilio y la presión política
Callan y fingen normalidad
La reacción de los padres de familia no se ha hecho esperar. Han solicitado un pronunciamiento de parte de la universidad ante la medida tomada por la dictadura sandinista contra la casa de estudios de sus hijos.
Rosmari García, madre de familia dijo que no entendía porque la Rectoría sigue callada y fingiendo que siguen todo en normalidad. Pidió que la universidad se pronuncie, porque “quienes están bajo amenaza de perderlo todo”, son los estudiantes.
“Como madre necesito saber qué va a pasar con mi hija egresada de esta universidad, no pueden tirar seis años de estudios y esfuerzo de una estudiante y su madre. ¿Por qué tanto silencio? Ya pagué los 550 dólares, la mitad que pidieron para hacer su tesis a sabiendas que el gobierno había quitado el precio de 1, 200 dólares por el título y la tesis”, dijo molesta otra madre de familia.
“Un año y no han tenido respuesta, son unos frescos y ahora les quitan la personería jurídica y siguen en silencio, necesitamos respuesta para nuestros hijos que estudiaron y estudian aquí”, agregó.
“Tristemente el afectado siempre es el pueblo. Desgraciado este gobierno todo confiscan, todo lo que tocan destruyen. Ahí está para que vean los que dicen que la educación es gratuita, nada es gratis, perjudican al que sí se esfuerza por pagarle a sus hijos una educación de calidad”, manifestó la también madre de estudiante, Paula Altamirano.
Le puede interesar: Mujeres celebran su día perseguidas, desterradas y sin nacionalidad, “pero no vencidas”
Anuncian reunión
Se conoció que la Rectoría de la ilegalizada universidad, convocará en los próximos días, a una asamblea para brindar detalles de la situación actual de los trabajadores y estudiantes de las facultades de medicina, ingeniería industrial, hotelería, aduana, arquitectura, ingeniería civil, diseño, entre otras.
Bajo anonimato, una fuente que trabaja en el área administrativa dijo para este reporte, que están preparando la liquidación de 250 trabajadores tanto administrativo, docencia, limpieza y seguridad porque el gobierno pondrá a su propio personal de confianza, es decir a “sus militantes” a trabajar en la universidad.
Dejó entre ver que los edificios y todo el inmobiliario universitario fue confiscado por el gobierno. Y que los estudiantes que continúen en dicha universidad seguirán pagando sus aranceles.
“En estos momentos está con las manos atadas la rectora. Su esposo en estos momentos lucha contra un cáncer en una clínica de Costa Rica y creemos que es una pasada de cuenta del gobierno, porque es una universidad católica y por el apoyo que los estudiantes de medicina brindaron a los jóvenes heridos durante las protestas del 2018. Es una venganza”, indicó la fuente.
Serviles detrás de rectoría
Extraoficialmente se conoció que un miembro de la Central de Trabajadores de la Salud, Fetsalud, dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, podría ser quien esté al frente de la rectoría de la sede en Chinandega, y León, donde la demanda es mayor en la facultad de enfermería, farmacia, y tecnología médica.
Las nuevas instalaciones del campo universitario UCAN está valorado en más de 18 millones de dólares, una de las inversiones educativas más grande de la región construido en siete años, en una extensión de 38 manzanas para el avance de la educación superior de “orientación cristiana e inspiración Católica”. Cuenta con una matrícula de 6,375 estudiantes en 25 carreras en sus seis sedes a nivel nacional y lleva en el país 26 años al servicio de la comunidad universitaria.
