La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.
Por su parte, Rusia calificó hoy de “nula jurídicamente” la orden de arresto del jefe del Kremlin, Vladímir Putin.
“Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas”, escribió María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.
La diplomática argumentó que “Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”, por lo que, al respecto, “no tiene obligaciones”.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.
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“Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”, dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.
Desde el 24 de febrero de 2022
Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.
La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.
En lo que respecta a Lvova-Belova (1984), la CPI considera que tiene “responsabilidad penal individual” por el mismo tipo de crimen de guerra tras “haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros” desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma
El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó hoy la CPI.
La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque “la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa” y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.
Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.
La CPI identificó “cientos de niños” deportados a Rusia para pedir el arresto de Putin
El fiscal de la CPI también identificó, en su petición de orden de detención del presidente Vladimir Putin, la deportación a Rusia de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil” ucranianos, en el contexto de “actos de agresión” del Ejército ruso contra Ucrania.
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Khan alegó que estos actos de deportación de menores ucranianos a Rusia y su adopción por familias rusas “demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”, un acto ilegal contrario a los Convenios de Ginebra.
La CPI emitió este viernes dos órdenes de arresto, una contra Putin y otra contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por deportación ilegal y forzosa de niños ucranianos, un crimen de guerra.
Kuleba aplaude la orden de detención de la CPI contra Putin: “La Justicia está en marcha”
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, celebró hoy la orden de arresto internacional dictada contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI).
“La Justicia está es marcha: aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladímir Putin y María Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos”, dijo Kuleba en referencia a la comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, cuya detención también ha sido ordenada por La Haya.
“Los criminales internacionales pagarán por secuestrar niños y por otros crímenes internacionales”, remachó el jefe de la diplomacia ucraniana, que lleva meses movilizándose para conseguir que la comunidad internacional enjuicie los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que Kiev dice haber registrado en su territorio.
Las autoridades ucranianas investigan la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de los territorios ocupados, y han enviado a La Haya ingentes materiales con pruebas que demostrarían el tratamiento infligido por Moscú a estos menores.
Ucrania había iniciado varios procesos contra Rusia en La Haya por los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que dice haber documentado en el territorio.
Es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
