La dictadura de Daniel Ortega confiscó todas las propiedades y bienes inmuebles de 222 personas desterradas de Nicaragua.
Se ordena “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades, que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”, menciona el documento.
Son unos delincuentes y, por encima de todo, unos perversos.
— Juan Lorenzo Holmann Chamorro (@JuanLHolmannCh) June 10, 2023
Pero ¿saben que? ¡Que se rinda la madre de La Chamuca!! Porque lo que es mi madre y sus descendientes ¡No nos rendimos!!!!
No es la primera vez que nos roban y tampoco será la primera vez que nos levantamos pic.twitter.com/v95AY0Tr67
Esto desató múltiples reacciones entre los diferentes sectores de la oposición, entre ellos la organización Urnas Abiertas, que señaló que esta acción del régimen Ortega-Murillo es una “expresión de totalitarismo y arbitrariedad”.
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“Desde Urnas Abiertas denunciamos esta nueva expresión de totalitarismo y arbitrariedad con la que actúa el régimen, esta vez contra las y los nicaragüenses que el pasado 9 de febrero fueron desterrados del país, expresamos nuestra preocupación ante las graves violaciones de Derechos Humanos que persisten en el país y llamamos a la comunidad internacional a tomar las medidas y acciones necesarias para retornar la democracia a Nicaragua”, señalan.
Acciones en contra del Código Penal
El informe presentado por Urnas Abiertas, afirma que las acciones cometidas por la dictadura Ortega Murillo van en contra del Código Penal de Nicaragua, pues ninguna institución está facultada para ejercer confiscaciones.
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“En ninguna parte de los intercambios de información respecto al proceso de estos 222 excarcelados se menciona o faculta a ninguna institución pública para decomisar sus bienes. Ni siquiera la llamada Ley 1055. Asimismo, el Código Procesal Penal aclara que debe existir una correlación entre la acusación y la sentencia. No puede adicionarse con más de 60 días posteriores a una resolución/sentencia un oficio que establezca hechos distintos de los presentados en intercambio de información previa.”, detallan.
