Justo cuando los cancilleres de la Organización de Estados Americanos debatían una resolución sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó una acusación penal y confiscación al empresario Piero Coen Ubilla.
“Es una actuación mafiosa”, calificó el economista Enrique Saenz. Dijo que “las confiscaciones fueron adoptadas como una política oficial de castigo de parte del régimen, pero también de robo y en un primer momento fueron actos aislados, actos encubiertos, pero ahora ya lo hacen de manera desembozada”, criticó.
Según versiones que confirmaron familiares del empresario al diario La Prensa, la mañana de este 23 de junio, patrullas de la policía al servicio de la dictadura sandinista, allanaron la vivienda de empresario en Las Colinas, Managua, y en el complejo residencial Viejo Santo Domingo en la capital, por órdenes del sancionado Ministerio Público.
El caso penal de confiscación a Piero Coen 005295-ORM4-2023-PN ya fue radicado en el Juzgado Noveno Distrito de lo Penal de Audiencia, ante la sancionada juez orteguista Karen Vanessa Chavarría Morales. El acusado Piero Paolo Coen Ubilla, aparece como acusado sin detención y el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense como “víctima/ofendido”.
“Nicas pagarán confiscaciones”
Saenz recordó que el pueblo nicaragüense sigue pagando las consecuencias de las confiscaciones de los años 80.
“Por eso es el pueblo nicaragüense el que debe estar consciente que tenemos que acelerar el paso porque mientras más tiempo permanezca la mafia (orteguistas) en el poder, más pesada, más onerosa va a ser la herencia que nos va a dejar con las confiscaciones”, señaló.
Agregó que la acción del régimen contra el empresario, no abona en nada en un clima de inversión que tanto necesitan los nicaragüenses para obtener empleos que tanta falta hace.
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“Se está atacando al gran capital y podría generar pánico en este grupo. Una economía sana, robusta y dinámica genera inversiones y estas acciones no la favorecen. Los registros del Banco Central de Nicaragua, revelan que la inversiones públicas han decaído y que la inversión privada, tienen un comportamiento pasmado. Las confiscaciones no ayudan”, dijo Sáenz.
Según las fechas de acusación contra el empresario, el 28 de marzo, la fiscal Andrea del Carmen Salas Gómez, credencial A00943, presentó la acusación penal y se consignó la notificación de caso el día 30 de marzo del año en curso. No se describe la razón penal o el tipo de delito imputado.
De acuerdo a la denuncia publicada por La Prensa, la policía de la dictadura notificó a la familia del empresario la confiscación de la residencia en el condominio Viejo Santo Domingo.
La propiedad le pertenece a una ciudadana estadounidense, esposa del empresario nicaragüense. La familia Coen dirige un grupo empresarial donde destacan operaciones de la casa de remesas Western Union en Centroamérica y México, así como negocios e industrias en Nicaragua y Centroamérica.
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Preocupación regional
Por su lado, Jua Sebastián Chamorro dijo que la acción genera una preocupación regional.
“Esto traerá naturalmente una disminución en la ya mermada inversiones extranjeras, que raramente entran al país. Esta es una señal directa al sector empresarial de que Ortega va con todas las intenciones de confiscar lo que se le antoje. Condenamos esta acción arbitraria”, dijo.
La persecución contra el empresario se da luego que el vocero y propagandista a sueldo de la dictadura, William Grigsby, advirtiera que la dictadura de Ortega y Murillo, se lanzaría contra otros empresarios en Nicaragua a quienes señalan de “traición a la patria” por no apoyar el régimen al que organismos de derechos humanos le imputan delitos de lesa humanidad desde 2018.
