El Informe Sobre Libertad Religiosa 2023, realizado por la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), ubica al régimen de Nicaragua como el único país en Latinoamérica que entró a la zona roja internacional de persecución religiosa, junto a 28 naciones.
El informe, una detallada investigación bianual de esta organización pontificia, se realizó en 162 países de enero de 2021 a diciembre de 2022. En términos generales, el informe 2023 subraya que en un tercio de los países del planeta no se respeta la libertad religiosa, lo que afecta al 62,5% de la población mundial.
A excepción de Nicaragua, el mapa de América Latina y el Caribe no aparece tan amenazador como el panorama de África, el continente más violento por la expansión del yihadismo y en el que 13 países están en la zona roja (persecución).
El informe destaca que bajo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, la situación religiosa de la iglesia Católica Nicaragua ha empeorado visiblemente y va en aumento.
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Al igual que Cuba y Venezuela
“Nicaragua es el primer país del continente americano integrado en la lista de los lugares donde se cometen mayores violaciones a la libertad religiosa en el mundo. Allí la situación de este derecho ha empeorado visiblemente. La iglesia católica ha sufrido el acoso y la persecución del gobierno de Daniel Ortega”, revela el estudio presentado a nivel internacional el pasado 22 de junio.
“Las violaciones más importantes a la libertad religiosa se producen en naciones con un historial cuestionable de respeto a los derechos humanos y la democracia, entre ellas Cuba, Nicaragua y Venezuela”, cita el informe.
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“Estos gobiernos han manifestado hostilidad y agresividad hacia las Iglesias cristianas (tanto la católica como las no católicas) cuando sus líderes religiosos han denunciado la corrupción y las iniciativas políticas y sociales que entienden que son perjudiciales para el bien común”.
Según el informe, la dictadura de Nicaragua ha usado la fuerza para impedir las celebraciones religiosas, intimidar a los fieles con despliegues policiales alrededor de iglesias y procesiones, amenaza a líderes religiosos y a los fieles, cancelación de los visados al personal religioso extranjero y opacidad en el proceso de registro de los grupos religiosos.
