Gloria María Saavedra Corrales es la jueza que está cargo del cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) la cual tiene un amplio historial en contra de opositores y religiosos nicaragüenses.
Saavedra se graduó como licenciada en Derecho en la UCA un 11 de julio del 2008, profesión que ocuparía después para arremeter contra jóvenes, líderes opositores, religiosos, su misma alma mater y todo aquel que no este de acuerdo con las políticas del régimen sandinista.
Escucha”Así fue el robo de la UCA” en Spreaker.En el año 2015 la sanguinaria de la dictadura inició como coordinadora de la Oficina de Apoyo Judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Para el año 2019 es nombrada jueza en sustitución del juez Carlos Solís uno de los primeros verdugos que juzgaron a manifestantes del 2018 y que ascendieron a Magistrados.
“Ella ni carrera Judicial ha hecho”, dijo en Twitter el abogado Yader Morazán en enero del 2023.
La jueza Saavedra Corrales además ha actuado en contra de los presos políticos. En mayo de 2021, fue quien amplió a 90 días el plazo para investigar a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco (ambos desnacionalizados) por el supuesto delito de “lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad” que el Ministerio Público abrió en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua.
Para en agosto del 2021 Saavedra arremetió contra la candidata a vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Berenice Quezada, a quien también se le impuso 90 días de arresto domiciliario por los delitos de “odio e incitación a la violencia”.
La jueza sandinista inhibió a Berenice Quezada para participar como vicepresidenta en Ciudadanos por la Libertad (CxL). FOTO: Primer Orden.
En septiembre del año 2021, cuando falleció la mamá del opositor Max Jerez, ella fue la encargada de negarle el permiso extraordinario para que el joven asistiera al sepelio de su progenitora.
Y para en diciembre de 2022, fue la jueza encargada de enviar a juicio al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, y que aun se mantiene preso ilegalmente en las cárceles del país.
Y el último acto ordenado por los testaferros de la dictadura sandinista es la confiscación de la UCA, centro de estudio donde logró ser “la profesional” y que no tembló ni dudo de hacer efecto la orden girada.
Hasta ahora Gloria María Saavedra Corrales obedece los lineamientos de la dictadura sandinista, cumpliendo al pie de la letra las misiones encomendadas para condena, desnacionalizar y negar permisos a todos los opositores.
