Los colegios Loyola y Centroamérica, administrados por la Compañía de Jesús, aclararon por separado a los padres de familia, que la confiscación y cancelación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús no les afecta.
Según explicaron los centros escolares, la disposición de la dictadura no impacta directamente en las operaciones de los mismos debido a que se trata de personerías jurídicas diferentes.
Sin embargo, la incertidumbre se ha apoderado de los estudiantes, docentes y padres de familia.
Una carta firmada por el director del Colegio Centroamérica, Silvio Avilez, expresa que no les ha llegado ninguna notificación de cierre.
“Por tanto, pedimos calma, esperanza y fe para continuar nuestra misión de educar a las nuevas generaciones. Nuestra propuesta educativa integral es valiosa para nuestros estudiantes, para las familias y para la sociedad nicaragüense”, refiere el comunicado.
Por su parte, el Colegio Loyola también notificó a través de un correo electrónico la aclaración.
“Sirva la presente para aclarar que el Instituto Loyola y la Asociación Compañía de Jesús, son dos asociaciones diferentes, por tanto, el funcionamiento del colegio y las clases continúan de manera normal”, señala.
Gobernación cancela a la Compañía de Jesús
Más temprano, el Ministerio de Gobernación, , canceló este miércoles la personería jurídica de la Compañía de Jesús y ordenó incautar todos sus bienes, pese a que ya lo había dispuesto de facto desde el pasado fin de semana, cuando expulsó de su residencia a los religiosos en Managua.
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Gobernación acusa a la Compañía de Jesús por incumplir al no reportar Estados Financieros entre 2020 y 2022 y contar con una junta directiva vencida.
Ante esto, asegura que obstaculiza el control y vigilancia de Gobernación.
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Gobernación determinó en la publicación de La Gaceta Diario oficial de este miércoles, que el destino de los bienes inmuebles pasarán a nombre del Estado.
“Lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de conformidad a lo establecido en el artículo 47 párrafo 2 del Reglamento de la Ley 115, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”, señala el acuerdo ministerial de Gobernación.
