Un grupo de académicos, docentes y universitarios de 24 países firmaron un pronunciamiento para condenar la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).
En el documento hacieron énfasis de que las últimas acciones son una nueva escalada en la embestida que el régimen sandinista emprendió en contra de las universidades nicaragüenses.
Listen to “Gobernación cancela personería jurídica de la Compañía de Jesús y confisca sus bienes” on Spreaker.“Como personas académicas, docentes y trabajadoras universitaria nos permitimos hacer pública nuestra inmensa preocupación ante las noticias alarmantes que desde Nicaragua nos están llegando y que evidencian una nueva escalada en la embestida que el régimen Ortega-Murillo”, señala el pronunciamiento.
Además, hacen un llamado a las organizaciones de universidades para que condenen las acciones en contra de los centros de educación superior de Nicaragua.
Por otro lado, detallan que desde finales de 2020 y al amparo de reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, se han clausurado y confiscado los bienes de más de 26 universidades en el país.
“A lo largo de su historia, la UCA ha sido un espacio de producción de saberes reconocido internacionalmente, vinculada a diferentes redes internacionales que conectan a centros académicos en toda Americana Latina, América del Norte, Europa y Asia”, agregan.
Los firmantes del pronunciamiento resaltan también que ante la forma prepotente e irrespetuosa con que se han presentado las autoridades nombradas por el CNU al recinto universitarios de la UCA, demandan el respeto a la integridad física y a la libertad de todos los funcionarios de la UCA.
En las últimas semanas la dictadura sandinista arreció sus ataques contra la Universidad Centroamericana, estos ataques han incluido la confiscación de bienes inmuebles pertenecientes a la universidad y la cancelación de su personería jurídica.
Los ataques son catalogados como un intento de silenciar voces disidentes y limitar la libertad de expresión en el país. La situación también ha generado preocupación a nivel nacional e internacional sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua.
