Entre los peores efectos de la represión sistemática que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado contra la población nicaragüense, se cuentan las migraciones. En los últimos meses, este fenómeno tiene entre sus protagonistas a mujeres que se desplazan de la zona rural hacia la ciudad y hacia el extranjero.
“Tener que dejar su propio país, a hijos, esposo y padres, no por voluntad propia y a veces no solo para buscar oportunidades, sino para salvaguardar la vida, es una violación a los derechos humanos”, señala una socióloga matagalpina.
Para la experta, quien pide sólo ser mencionada como Cristina en este reporte para evitar represalias gubernamentales, las mujeres originarias de la zona rural “se están arriesgando a migrar hacia la ciudad porque están viviendo más violencia física, doméstica, familiar, económica, religiosa e institucional, y el Estado nicaragüense las ha abandonado a su suerte”.
“En crisis profunda”
Valoró que la cancelación de las personalidades jurídicas de organizaciones no gubernamentales que promovían la defensa de los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, solo ha empoderado su situación, especialmente en comunidades recónditas del país.
“Estas organizaciones proporcionaban alimentos, asesoría legal, tratamiento psicológico y médico, así como financiamiento agropecuario e incluso refugio. Su ausencia, ha profundizado y agravado esta realidad que de por sí ya era dramática para ellas antes de la crisis política que comenzó en abril del 2018”, señaló la especialista.
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“Perder ese apoyo directo de las organizaciones comunitarias y sufrir el abandono, la indiferencia y la indolencia del régimen hacia esta situación, ha obligado a las mujeres del campo a abandonar sus zonas, vender lo poco que tenían allá y venirse a la ciudad, pasar por más maltrato, indigencia, pobreza, enfermedades y en el peor de los casos, salir del país o morir en el intento cómo pasó con varias de ellas que buscaban cruzar a Estados Unidos”, explicó.
La socióloga denunció que el régimen, se ha dedicado a suspender programas sociales que las beneficiaban y que “medio estaban funcionando” en algunas comunidades.
“El afamado bono productivo en el que daban una gallina o un cerdo se fue desinflando de tal manera que se cuentan con los dedos de la mano las beneficiadas y en el peor de los casos, resultaron en que las mujeres, como titulares del proyecto, crearon grupos que quedaron endeudados y sin capacidad de pago”, lamentó.
Nada parece ir bien
A criterio de la experta, el régimen está provocando que la mujer del campo deje sus parcelas para ir a las grandes ciudades en busca de un trabajo que poco le soluciona, porque la crisis es generalizada, pero que además, empeora la vida que llevan.
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“Ellas llegan a la ciudad en busca de empleo y lo que logran encontrar es algo como personal de limpieza y asistente del hogar, con salario por debajo del mínimo, con horarios más allá de los que la ley establece y sin nadie que las defienda”, expuso.
Agregó que “si tienen hijos, éstos son pequeños, mal alimentados y con suerte pueden entrar a una escuela pública, cuya calidad educativa es más que deplorable”.
Considerando todo lo anterior, la experta advierte que el Estado no está asumiendo sus obligaciones con las mujeres. “Hay mucha violencia contra ellas en el campo, pero empeora al venir a la ciudad en busca de mejorar la calidad de vida. Faltan políticas para protegerlas, no solo en el campo sino en las ciudades a las que se han ido para sobrevivir ella y los suyos”.
