La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó un recurso de apelación presentado por la iglesia Casa de Dios, que buscaba frenar la investigación que realiza el Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por inconsistencias detectadas en reporte de diezmos y ofrendas de esa congregación religiosa.
Casa de Dios buscaba que se declarara “ilegal” el procedimiento de la SAT que, por pedido del MP, realizó una auditoría a donativos aportados a la iglesia. La congregación considera que esa acción atentó y amenazó la libertad de religión establecida en el artículo 36 de la Constitución Política. “El precedente de que las ofrendas y diezmos deben tener un recibo que respalde su recepción o las mismas sin respaldo legal, atenta y amenaza el derecho de libertad religiosa reconocido en el artículo 36 de la Constitución”, expuso.
“El contenido del acta dos mil seiscientos tres guion dos mil veinte (2603-2020) atenta contra la libertad de religión, ya que específicamente limita las ofrendas de los fieles y el diezmo otorgados sin información de quien las realiza, aduciéndose que carecen de documentación legal de respaldo, por lo que no se deberían recibir las mismas, limitando de esta manera el ejercicio de dicha práctica religiosa”, añadió la iglesia en su reclamo.
Respecto al acto reclamado por la iglesia cristiana, la SAT expuso que no se cometió ningún acto arbitrario. “No existe un acto o proceder dictado de forma arbitraria, ya que actuó dentro del marco legal establecido y dentro del ámbito de sus atribuciones”. Por su lado el MP, afirmó que la acción realizada no limita el ejercicio de la práctica religiosa y, por ende, no viola la libertad de religión.
La CC niega la apelación a iglesia
Con la inhibitoria de Dina Ochoa y Luis Rosales, sus demás colegas resolvieron que no era prudente conceder la apelación a la iglesia, por tanto, mantienen vigente el proceso de auditoría a los diezmos y ofrendas de Casa de Dios.
“El amparo es inviable cuando el postulante incumple con los presupuestos de viabilidad de dicha garantía, los cuales son de obligatoria observancia, por lo que, ante la ausencia de uno o varios de ellos, se hace imposible el conocimiento de fondo del planteamiento”, resolvió.
La resolución fue firmada por Héctor Hugo Pérez Aguilera, Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto, Luis Rosales y Angélica Vásquez.
Otra investigación a Casa de Dios
En marzo de este año, la CC conoció otra acción legal y resolvió otorgar un amparo a favor de la congregación religiosa, por una investigación de presunto lavado de dinero que se conoció en 2018.
La decisión de la CC frenó la entrega de información de las donaciones, ofrendas y diezmos de la entidad Casa de Dios. En la máxima corte se analizó una apelación solicitada por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero en contra de una resolución otorgada por la Sala Tercera de Apelaciones. Dicha Sala amparó a Casa de Dios y detuvo la orden para que informaran acerca de sus donaciones, ofrendas y diezmos.
El 5 de diciembre del 2018, el MP confirmó que la institución estaba haciendo un análisis de los supuestos nexos entre el pastor Cash Luna y Marllory Chacón, “la Reina de sur”, condenada en Estados Unidos, que reveló la cadena Univisión.
En aquel momento, se comunicó que sería la Fiscalía contra el Lavado de Dinero la que se encargaría de la pesquisa. “Será esta fiscalía quien me esté presentando en su momento el resultado de la investigación para ver el tipo de informe, qué personas podrían estar involucradas si el delito se cometió o no se cometió y entonces con el mayor de los gustos estaría informando”, indicó la propia jefa del MP, Consuelo Porras.
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En ese mismo año, la Unidad de Extinción de Dominio comenzó un proceso para que una bandera valuada en 56 mil dólares y que había sido entregada por la exvicepresidenta Roxana Baldetti como donación a Casa de Dios, pasara a favor del Estado. Se estableció que la misma era de origen ilícito
En un comunicado de 2018, la iglesia evangélica rechazó las acusaciones. “Somos una iglesia que, desde su fundación, hace 22 años, ha cumplido con las leyes de Guatemala. Estamos inscritos en el Ministerio de Gobernación como una iglesia legalmente constituida, cumplimos con nuestras obligaciones tributarias ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pagando todos nuestros impuestos”, afirmaron.
