La organización de la sociedad civil mexicana conformada por profesionales en salud mental y derechos humanos ALUNA denunció lo que califica como “acto de extrema intolerancia y violencia política” hacia la Compañía de Jesús y la comunidad universitaria de la Universidad Centroamericana (UCA), confiscada por el régimen sandinista de Daniel Ortega.
“Consideramos que este hecho representa un grave atentado contra la autonomía universitaria, los derechos de libertad de pensamiento y de acceso a la educación superior de calidad y, en especial, contra la promoción del conocimiento crítico desde el quehacer educativo universitario”, manifiestan a través de un comunicado.
El cierre de la UCA afectó directamente a más de 5 mil estudiantes, 420 docentes y 435 trabajadores académicos y administrativos, violentado el derecho de acceso a la educación de calidad.
Y para ALUNA los agravios a la UCA son parte de continuas agresiones y acciones hostiles, que ha ido en ascenso.
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“La expropiación de la universidad, las difamaciones contra la Compañía de Jesús, la expulsión de los sacerdotes de sus casas, nos hacen recordar la masacre de los Jesuitas en 1989 en El Salvador, que buscó acallar a quienes contribuían a develar las injusticias y la represión, a crear conciencia y a acompañar a comunidades en resistencia”, agregan.
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Además, puntualizan las demandas y exigencias hacia el régimen de Ortega que son: el cese de las acciones hostiles contra la Compañía de Jesús, la devolución de la UCA y, con ello, la restitución de sus múltiples derechos. Igualmente, la apertura de las otras universidades confiscadas.
También solicitan a a la comunidad académica, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional a solidarizarse de manera efectiva con las víctimas del régimen Ortega-Murillo.
Además de ola UCA unas 26 universidades privadas han sido cerradas por el régimen Ortega-Murillo esta última bajo la justificación de ser un “centro de terrorismo”.
