El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) junto a otras organizaciones universitarias nicaragüenses solicitan la expulsión de la presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU), Ramona Rodríguez, del Consejo Superior Universitario Centroamericano (Csuca).
En el documento alegan que Rodríguez es parte del mecanismo estatal de abolición absoluta de la libertad académica en Nicaragua, por lo que piden al Csuca que suspenda a la UNAN-Managua como miembro pleno de la instancia regional. Dicho pedido fue enviado por escrito al presidente del Csuca, Eduardo Flores Castro.
Rodríguez es señalada como el instrumento para que el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo intervenga, confisque y suplante a autoridades de al menos 28 universidades del país.
“Señor presidente, actualmente, el CNU es el brazo represor del Estado de Nicaragua en las universidades públicas y privadas y ha centralizado funciones que transgreden la autonomía funcional, técnica y administrativa y que la constitución nicaragüense garantiza a las entidades de Educación Superior”, señalan en el documento.
Ramona Rodríguez y su lealtad desde 2018
Los firmantes recuerdan que Rodríguez expulsó y borró historiales académicos de más de 85 estudiantes universitarios que participaron en las protestas de abril del 2018, además de también ser responsable de despidos a docentes sin cumplir el debido proceso.
Rodríguez también autorizó que policías y parapoliciales desalojaran el recinto de la UNAN-Managua el 13 de julio del 2018, el cual dio inicio al ataque armado que dejó un joven muerto en la Iglesia Divina Misericordia, templo donde se refugiaron los estudiantes que permanecían atrincherados en la universidad.
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“Como parte del mandato del Consejo de velar por el cumplimiento de los principios de la confederación que incluyen la libertad irrestricta de las universidades y la plena autonomía de la educación superior, expulsar del órgano a la rectora de la UNAN-Managua Ramona Rodríguez, por ser criminal de lesa humanidad en arreglo con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y ser responsable de la destrucción de la autonomía constitucional en su carácter de presidenta del CNU”, añaden.
Para finalizar solicitan que el Csuca condene la confiscación de las 28 universidades, así como las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y exprese solidaridad con los estudiantes y docentes que continúan sufriendo la represión estatal de el régimen sandinista.
