Daniel Ortega navega solo en una deriva autoritaria que se profundizará en un mes cuando se haya cumplido el plazo para su salida definitiva de la Organización de Estados Americanos, OEA. Los expertos dicen que por más que el régimen quiera hacer creer que no lo afecta, su salida definitiva del organismo lo deslegitima y lo aísla más.
Las relaciones entre el régimen de Ortega y la OEA, se estrecharon poco a poco desde antes de la expulsión de la misión del organismo regional en abril de 2022. Se trata de una relación marcada por la tensión después que la OEA, desconociera las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, se reeligió por cuarta vez en unos comicios sin competencia verdadera, al ordenar el secuestro de sus adversarios políticos y utilizar el aparato judicial para inventarles juicios y mandarlos a la cárcel mientras se ceñía la banda presidencial otra vez.
Antes, los países que integran la OEA, condenaron el uso de paramilitares y policías para aplastar las protestas que en 2018 exigían su salida del poder. Las acciones del dictador, causaron el asesinato de 355 personas, más de 2 mil heridos, más de mil detenidos ilegalmente y miles de exiliados que han aumentado en los ultimos cinco años.
Los más de 300 asesinatos han sido debidamente documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Y en marzo de este año, el grupo de expertos sobre Derechos Humanos de Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que investiga lo ocurrido en 2018, concluyó que Ortega y Rosario Murillo, son responsables de ordenar crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos nicaragüenses.
Ortega quiso engañar al organismo
Todo comenzó con el engaño de la firma del Memorando de Entendimiento firmado entre Daniel Ortega en representación del Estado de Nicaragua y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El acuerdo firmado en febrero de 2017, significaba un compromiso para ambas partes y suponía un plazo de tres años para implementar reformas electorales que vendrían a mejorar los procesos de elecciones.
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Sin embargo, el plazo se venció en febrero de 2020 y Ortega no cambió en nada el sistema electoral que controla desde antes de su llegada al poder en 2007. El exguerrillero, convertido ahora en dictador, no solo incumplió con los cambios al sistema electoral que había prometido, sino que lo empeoró a su favor en busca de crear las condiciones para su permanencia ininterrumpida en el poder, de él y de su esposa, Rosario Murillo.
Las tensiones en las relaciones entre Nicaragua y la OEA, se elevaron de tono luego de esas elecciones generales hace dos años, que una treintena de países en el órgano internacional desconoció y calificó de ilegítimas hasta la fecha.
La salida por la puerta angosta
Bajo la presión internacional, el dictador no tuvo más remedio que huir del organismo, el mismo que cuando su partido Frente Sandinista, fue un grupo armado que intentaba derrocar al dictador Somoza, les dio el respaldo y hasta reconoció un gobierno paralelo a la del tirano en Nicaragua. Pero Ortega parece olvidarlo.
Para esa acción de huida, el canciller Denis Moncada Colindres, en conferencia de prensa del 19 de noviembre de 2021 invocó el artículo 143 de la Carta de la OEA. Dicho artículo estipula que cualquier Estado miembro, podrá notificar por escrito al secretario general su intención de retirarse al inmediato.
Lo que el Canciller no explicó es que el proceso apenas comenzaba y que debían pasar dos años, los que están por cumplirse el 19 del próximo mes, para hacer efectiva la salida.
Aún así el dictador, los desconoció y contra la misma Carta que invocó, ignoró todo este tiempo los llamados que la organización no ha dejado de hacerle amparado en la misma Carta Democrática, sobre todo en lo relacionado a regresar al país a la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Deuda con D.D.H.H y con silla en la OEA
El artículo 143 de la Carta de la OEA confiere la potestad a los Estados Miembros de la OEA de denunciar la Carta, tratado constitutivo de la organización. Dicho artículo, establece que sus efectos no son inmediatos y deberán transcurrir dos años como parte del proceso para abandonar el organismo regional.
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Nicaragua tendría que haber cumplido en noviembre sus obligaciones porque es firmante de la Carta del organismo. Entre esas obligaciones se encuentra el pago de la cuota como miembro y el respeto de los derechos humanos en el país, señala un analista político residente en el país que pide hacer el análisis bajo anonimato por la represión del régimen.
La cuota que aporta Nicaragua como miembro de la OEA se estima en US$11,000 dólares cada año y tendrá que estar solventada a la fecha que finaliza el procedimiento para que se haga efectiva y definitiva la salida del país del organismo regional.
“No solo se trata del pago como afiliado y el retiro de un importante organismo regional, sino que cumplir en materia de derechos humanos, algo que no ha hecho y es muy común de la dictadura”, explica el analista.
En este sentido, en una declaración pública de Amnistía Internacional (AI), en noviembre de 2021, externó su preocupación en materia de derechos humanos advirtiendo la desprotección de los derechos humanos de la sociedad nicaragüense en general sin la presión de la OEA.
AI hizo un llamado al Estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión, ya que no solo se aleja de la OEA, sino de mecanismos de protección a derechos humanos lo que pone en estado mayor de indefensión a ciudadanos de la nación centroamericana. Pero este llamado tampoco ha sido oído.
