La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor del sacerdote José Leonardo Urbina Rodríguez, quien en 2022 se convirtió en el segundo sacerdote detenido por la dictadura de Daniel Ortega el 13 de julio de 2022, como parte de la serie de acciones en contra de la iglesia católica llevadas a cabo por el régimen.
Estas medidas cautelares fueron obtenidas gracias a las gestiones realizadas por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). La CIDH, en su decisión, ha destacado que el sacerdote Urbina presenta problemas de salud, y pese a ello, no cuenta con acceso a atención médica especializada ni a los medicamentos que necesita.
Listen to “CIDH llama a la dictadura a cesar ataques contra liderazgos indígenas” on Spreaker.Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la CIDH ha señalado que el régimen sandinista no ha proporcionado información que permita confirmar la adecuada mitigación de los factores de riesgo previamente identificados.
Además, la CPDH informa que no hay suficiente información disponible acerca de las condiciones de detención actuales del sacerdote ni se ha permitido la entrada de su abogado.
Las medidas cautelares también tienen como propósito asegurar “el contacto regular y el acceso a sus abogados y representantes, y proporcionar información sobre las acciones tomadas para investigar los presuntos hechos que llevaron a la abducción de esta resolución, con el fin de prevenir su repetición”.
En el momento de su detención en julio del año pasado, monseñor Urbina estaba ejerciendo como párroco en la iglesia Perpetuo Socorro de Boaco.
En la actualidad, el sacerdote se encuentra recluido en la prisión La Modelo, en Tipitapa, debido a un juicio abierto por presunta agresión a una menor de edad, ordenado por el régimen de Ortega.
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En Nicaragua, actualmente hay un total de 13 sacerdotes en prisión por disposición del gobierno de Ortega. Esto se debe a la posición de los sacerdotes en apoyo al pueblo durante la represión violenta llevada a cabo por la policía y grupos paramilitares en respuesta a las protestas ciudadanas que se iniciaron en abril de 2018.
