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Activistas de derechos humanos denuncian “octubre gris para sacerdotes” en Nicaragua

Organizaciones de Sociedad Civil, académicos y estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), debatieron sobre la persecución del régimen de Daniel Ortega en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua y que, en los últimos meses, también se ha extendido contra otras denominaciones religiosas. 

“Ninguna religión se escapa de las garras del sandinismo y lo que ellos pretenden es exterminar por completo la fe del pueblo porque la fe inculca valores éticos y humanos en el desarrollo de la sociedad. Entonces el sandinismo, lo que quiere es tener a ciudadanos adoctrinados”, expuso la investigadora Martha Patricia Molina. 

Por su lado, Marcos Carmona, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó que la represión contra la fe, violenta flagrantemente la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 27, 29, 49, 69, 46 e importantes convenios internacionales de derechos humanos acogidos por el Estado en esta materia. 

“Nicaragua se ha constituido en un país abusador, violador de los derechos a la libertad de religión porque no solo atenta contra obispos y sacerdotes sino que también hay una persecución contra los feligreses. Está prohibido hacer procesiones”, denunció Carmona.

“Resistencia de obispos no se olvida” 

Matthías Boening de la Sociedad Internacional por los Derechos Humanos (ISHR), destacó la importancia de este diálogo e instó a la comunidad internacional a respaldar la nominación de Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Silvio Báez al premio Nobel de la Paz 2024. 

“Es importante dejarles saber a estos obispos que no se han olvidado sus nombres ni su fe y nosotros tenemos la obligación de recoger esa causa y ese motivo que ellos iniciaron y de esa manera, podemos ayudarles, continuando el trabajo de ellos como si estuvieran fuera de la cárcel”, indicó. 

En este sentido, tanto Carmona como Molina, coincidieron en que la intervención mediadora de la Iglesia durante el conflicto social de 2018, logró que no hubiera una cantidad mayor de víctimas mortales en Nicaragua. 

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Octubre, mes de represión 

La dictadura Ortega-Murillo ha encarcelado a 12 sacerdotes, entre ellos a un obispo, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión tras ser declarado culpable en febrero de este año por delitos considerados como “traición a la patria”. Medios internacionales reportaron que monseñor Álvarez había sido excarcelado por las autoridades del régimen pero se negó a abandonar Nicaragua por lo que fue devuelto a la cárcel.

La coalición Nicaragua Lucha y el organismo Nicaragua Nunca+, señalan en informes recientes que en 2022, se intensificaron los ataques contra miembros de la iglesia Católica y el clero, primero abriendo procesos de criminalización a su trabajo y coartando su libertad de reunión, situación que incrementó con la prohibición de las procesiones en la Semana Santa de ese año. A esto se le debe sumar que varias diócesis tienen congeladas sus cuentas bancarias y el régimen les abrió proceso por supuesto lavado de dinero.

El mes de octubre es cuando la dictadura se ha ensañado más con la iglesia Católica y sus sacerdotes. El régimen detuvo a seis sacerdotes pertenecientes a tres diócesis de diferentes localidades en los primeros nueve días de este mes de octubre, entre los que figuran: Julio Ricardo Norori e Iván Centeno, de la Diócesis de Estelí, y el padre Cristóbal Gadea, de la Diócesis de Jinotega.

El 05 de octubre fue detenido el párroco Álvaro Toledo, y el 07, el sacerdote Yesner Cipriano Pineda Meneses; ambos son de la Diócesis de Estelí. El 09 fue secuestrado el cura Ramón Esteban Angulo Reyes, de la Diócesis de Bluefields, en el Caribe sur de Nicaragua.

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Crisis sujeta de estudio y debate

Por otro lado, el profesor Tony Pereira de la FIU, expuso el rol de la academía en asuntos sociales y destacó la importancia de la formación histórica de los jóvenes que permita desarrollar un sentido crítico. “El primer paso es debatir esas ideas y discutir y proponer soluciones a nivel estudiantil, pero después a nivel profesional”, apuntó. 

El excarcelado político Yubrank Suazo animó a las organizaciones defensoras de derechos humanos a continuar visibilizando la realidad de la Iglesia nicaragüense y el asedio y persecución que aún viven los sacerdotes y religiosos en cada templo y capilla.  

Según el estudio “Nicaragua, una Iglesia perseguida” de la investigadora Martha Molina, han ocurrido 667 ataques en contra de la iglesia Católica y 70 ataques en contra de la iglesia cristiana evangélica como parte de la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.