En Nicaragua, antes del estallido de la crisis socio política de abril de 2018, se contabilizaban más de 914.000 trabajadores inscritos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Inss, la cifra más alta según datos oficiales de esta institución.
Tras las protestas que exigían el fin de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los paros y la respuesta represiva del régimen, la cantidad de empleados se redujo a 818.000, 96.000 cotizantes menos ese año. Es decir, como efecto inmediato de la crisis, más de 90 mil nicaragüenses se quedaron sin sus empleos.
El desempleo continuó en picada, incluso después de ese año, que según el régimen, logró estabilizar el país con acciones que causaron la muerte de 355 ciudadanos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que responsabilizó al gobierno de los asesinatos.
Luego del 2018, los cotizantes del seguro social se redujeron a 735.000 y entre 2019 y 2020, la institución de seguridad social cerró con 714.000. “En total, en esos tres años, se perdieron 208 mil empleos formales”, comentó un economista.
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La pandemia “remata”
Nicaragua cuenta con una población de 6,73 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, Inide. De la población total, el 53,8% lo componen la Población Económicamente Activa PEA, es decir 3,52 millones de nicaragüenses, están en edad óptima para trabajar. El problema es que no hay empleos.
Las cifras del Inss lo reflejan. La crisis del 2018 lo dejó con 714.000 cotizantes lo que mantuvo con pocas variación hasta el 2020. Al año siguiente, 2021, la cifra de cotizantes experimentó una ligera recuperación, incrementando a 758 mil. Esos 44 mil nuevos cotizantes, reflejan la integración de 44 mil plazas de trabajo en el mercado laboral nicaragüense.
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El economista, que pide analizar estos datos solo si lo hace con identidad reservada, señala, que la situación del empleo formal, comenzó a mejorar en parte por la aparición de los teletrabajos o trabajos remotos. “Hay que decir que eso ocurrió en plena pandemia de Covid-19, aquí se recupera aproximadamente el 6% de los empleos perdidos, pero es una cifra aún muy baja”, explica.
En el 2022, los cotizantes subieron a 788.000. “Hay que señalar que las secuelas de la crisis socio-política aún es un factor que ahuyenta a la inversión extranjera, entonces no hay empleos, más una economía deprimida, sumado a una inflación anual alta”, señala el economista.
A su criterio, esa falta de inversión es el mayor escollo para generar nuevos empleos. “Hay que decir que hasta septiembre de este año, se reportan 785.000 empleados, es decir, aún no se llega a los 914.000 que había antes de esta crisis. Ahora, queda claro que hay miles en el empleo informal y esa es una cifra lamentablemente muy alta”, advierte el economista.
