El régimen de Daniel Ortega no termina de lidiar con una crisis interna y se le genera otra. Actualmente, vive una de las peores que ha tenido: en la Corte Suprema de Justicia, CSJ. Y aunque a criterio de analistas puede controlar la rebelión porque tiene las armas, no evitará el agrandamiento de las grietas que padece desde el levantamiento social de 2018.
Del tridente represivo: Fiscalía, Policía y el poder judicial que facilitó secuestros, juicios y cárcel a opositores del régimen, el último era el más sensible, porque legalizaba todos los abusos cometidos por policías y parapolicías contra los ciudadanos nicaragüenses que no quieren más a Ortega y a Rosario Murillo en el poder.
En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hay un extremo silencio desde el viernes. Un funcionario dice que el ambiente, apenas te permite respirar. “Caras largas, aterradas”, describe. “Todo el mundo está en su escritorio, nadie habla con nadie”, filtra para este reporte.
Todos saben que con culpa o no, cualquiera puede ser llevado a El Chipote y sufrir los que otros han sufrido. De la doctora Alba Luz Ramos, la presidente de ese poder del Estado pocos saben, pero nadie olvida al otrora poderoso vocero Roberto Larios, primero encarcelado y después desterrado a Estados Unidos, después que defendió a Ortega a todo pulmón y leyó comunicados con los que los magistrados, ahora bajo represión de su jefe, legalizaron hasta vejámenes contra opositores.
Se quiebra la confianza en leales
Carlos Murillo Zamora es un analista político que imparte clases en la Universidad de Costa Rica. A su criterio, la represión desatada en la CSJ deja claro que el régimen ya no confía más “en ciertos operadores” que un día le juraron lealtad. “La confianza se quebró”, señala el especialista.
Murillo Zamora cree que Daniel Ortega y Rosario Murillo, les ha perdido la confianza y se adelantan a la posibilidad de una implosión dentro del poder judicial que se extienda a todas las instituciones del Estado y pronosticó más represión contra aquellos funcionarios que ya no sean considerados de confianza dentro de las estructuras del orteguismo.
“Es claro aquí que Daniel Ortega y Rosario Murillo, pierden en cualquier momento la confianza entre su gente y entonces sacarán de en medio a aquellos que crean son una amenaza. Hay que recordar que este es un régimen sultánico, en donde cualquiera que cuestione cualquier idea, ya sea por un criterio técnico o pueda pegarse a la ley, están en contra de la pareja presidencial”, explica el analista.
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El catedrático que sigue de cerca la difícil situación de los derechos humanos que atraviesa Nicaragua, coincide con otros analistas que señalan que la CSJ, no sería el último poder del Estado que entraría en crisis. “Donde haya amenazas, ahí irá la represión, así sea en el Ejército. Si el régimen cuenta con otros leales como en este caso el general Julio César Avilés, jefe de la Institución que a inicios del pasado mes de septiembre le juró lealtad, entonces reprimirá”, comentó.
“Esto se va a extender, no solo en el poder judicial, se va a extender a cualquier instancia incluido, por supuesto los militares y los cuerpos policiales y cada vez, Ortega y Murillo irán cerrando el círculo, estrechándolo más y en la paranoia en la que viven no van a permitir nada porque creen que todos están tratando de derrocarlos”, expresa el docente.
Avanza el Estado totalitario
Para el político Luis Fley, quien dirige en el exilio a la opositora Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), las actuaciones del régimen en la CSJ deja claro que para nada respeta el concepto constitucional de la separación de poderes. “Es grave esto, porque la Constitución es clara en esto, lo que pasa es que en Nicaragua, avanza el Estado totalitario”, señala.
En noviembre del año pasado, cuando se realizaron las elecciones municipales a nivel nacional, el régimen también tomó control del poder electoral a través de otros militantes leales. El resultado fue que el Frente Sandinista, se adjudicó las 153 alcaldías de igual número de municipios, sin dejar una sola en manos de los partidos colaboracionistas que le hicieron “el juego electoral”.
Por si no fuera suficiente el irrespeto a las autonomías de otros poder estatales, Ortega ha ordenado destituciones de sus ediles pasando por las leyes que deberían regular la materia para una acción de ese tipo. Por ejemplo, es la fecha y se desconoce las verdaderas razones de esas destituciones si fue por corrupción, si medió una investigación de la Contraloría. Nada se sabe al respecto.
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Las purgas son tales que ni la misma Policía, su brazo armado más leal después de los paramilitares, se ha salvado. Ortega y Murillo “le metieron mano” a la sancionada institución y echó de sus cargos a varios comisionados que en su momento dirigieron la sangrienta represión del año 2018, la que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dejó a 355 personas asesinadas, incluyendo niños y adolescentes.
“Lo que vemos es un Estado totalitario demoliendo al país”, advierte Fley. Según la Ley, para destituir a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se necesitan los votos de la Asamblea Nacional y no es algo que pueda decidir directamente el presidente”, señala el opositor. “En otro país, esto sería grave, pero en Nicaragua, el régimen normaliza lo que es ilegal, solo da una orden y los policías rodean al funcionario”, explica el opositor.
Lealtades internas se hacen agua
Murillo Zamora, quien también ha hecho diversos análisis sobre la crisis institucional generalizada que se vive en Nicaragua, plantea que el régimen cambia constantemente a sus funcionarios, porque en las condiciones actuales del país “las lealtades” de antaño “se hacen agua”.
“Cada día, Ortega y Murillo, necesitan incrementar las medidas de autoridad, deben estar repitiendo más veces que antes, que ellos deciden y cualquiera que se oponga va a sufrir estas consecuencias. En realidad, ya no hay nadie fiel a la pareja Ortega-Murillo, ellos desconfían de todo mundo ya”, plantea.
Murillo Zamora recuerda la larga lista de funcionarios del régimen que han sido “purgados” de sus filas, pese a que un día juraron hasta dar la vida por la causa del partido. El analista recordó que hasta hubo gente que reprimió y hasta mató a hermanos del país por defender una causa que ahora ven es familiar, no partidaria ni ideológica. “Lo que veremos es que estas acciones represivas van a continuar, Ortega y Murillo van a ir estrechando el círculo de confianza cada vez más”, advirtió el especialista.
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Una peligrosa advertencia de largo alcance
Con la acción represiva contra Alba Luz Ramos, quien por 35 años fungió como magistrada en la CSJ, Luis Fley afirma que Ortega manda “una peligrosa advertencia” al resto de sus simpatizantes en el Estado. “Esto es: se alinean o los alineo ¿Están o no conmigo? Y quienes están conmigo, tienen que hacer lo que yo les ordeno o sufren”, finalizó el opositor.
De acuerdo con el abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, la “limpieza” que en estos momentos se realiza en la CSJ, podría alcanzar los complejos judiciales de los departamentos.
“Es una limpieza que va bajando los niveles, el Poder Judicial a nivel central es la cabeza de todo el Poder Judicial a nivel nacional y esto está afectando a todas las oficinas administrativas que de alguna manera participaron en actos de corrupción o represión para castigar a opositores dentro del Poder Judicial y hasta planificaron actividades paramilitares en 2018”, observa el abogado.
Recordó que además de las magistradas Ramos y Yadira Centeno, la represión cayó sobre Berman Martínez, secretario general administrativo de la CSJ. Martínez, también era considerado un poderoso operador del régimen en ese poder del Estado.
El sociólogo Oscar René Vargas ha advertido de una implosión en el régimen que lo erosionará hasta su caída. A raíz de la última crisis del régimen, señala que pese al negacionismo de la cúpula sandinista estas acciones como las ocurridas en la policía y ahora en la CSJ, serían parte de ese fenómeno político.
