Luego de quitar el control de los registros públicos al poder judicial y trasladárselos a la Procuraduría General de la República (PGR), el régimen de Daniel Ortega podrá confiscar sin necesidad de solicitarlo a los jueces y elimina los mecanismos que garantizaban la seguridad Jurídica (inmobiliaria), según análisis de expertos.
Según el abogado Yader Morazán, esto es una consolidación del Poder Absoluto por parte del Ejecutivo.
“Pese a que de facto ya lo controlaban, ahora eliminarán al intermediario tal como lo hicieron con Gobernación-PN, serán juez y parte y crearán un mecanismo que les dará más colmillos para ocultar la corrupción, y tener más y mejor acceso a la información registrar”, explicó.
Asimismo, aseguró que esto abre una vía para las confiscaciones sin procesos contenciosos.
“Es decir, convierten a los Registros Jurídicos que resguardaban y Tutelaban Derechos (seguridad jurídica inmoviliaria), en Registros
Administrativos y archiveros que obedecen a los intereses del Ejecutivo”, señaló Morazán.
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, excarcelado político, manifestó que la reforma al artículo 165, para desvincular los registros públicos de la propiedad del poder judicial, es un mensaje negativo para los inversionistas.
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“Esta barbaridad cambia fundamentalmente las reglas del juego de la tenencia de la propiedad en Nicaragua, lo cual envía un pésimo mensaje a los inversionistas que ahora sus derechos de propiedad están cada vez más vulnerados, así como los derechos de todos los nicaragüenses”, expresó Chamorro en un video divulgado a través de sus redes sociales.
De acuerdo a Chamorro se trata de una aberración jurídica porque “en primer lugar, le quita atribuciones al poder judicial, que debería ser en términos generales como lo es en otras partes del mundo, un tercero independiente ente distintas partes, una justicia imparcial donde se registran las propiedades, pero ahora estos registros pasan a manos de un interesado como es el abogado del estado”.
“Ahora el abogado del estado, dependiendo a sus necesidades o sus antojos, va a poder alterar estos registros, podrá confiscar sin necesidad de pedírselo al poder judicial, que además queda sin una fuente importante de recursos pues cada vez que se registraba una hipoteca, un registro o cambio de la propiedad, se pagaba por estos trámites, pero estos dineros ahora le quedarán al procurador general”, precisó Chamorro.
