La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está de cabeza desde que se conoció la destitución de la ahora ex presidenta, Alba Luz Ramos, y más aún por la forma en que esta fue. Hasta donde se conoce, el comisionado general en retiro Horacio Rocha, llegó junto a un grupo de policías hasta la oficina de Ramos en la CSJ.
Según información divulgada por medios de comunicación nicaragüenses, Ramos se quejó de “estar siendo ultrajada”. La destitución de Alba Luz Ramos estuvo acompañada de la destitución de la también magistrada Yadira Centeno y detención de su hija.
Alba Luz Ramos desalojada de la Corte Suprema de Justicia
De manera oficial no se nombró a nadie, sin embargo, el magistrado Marvin Aguilar, ficha de Rosario Murillo en la Corte Suprema de Justicia, asumió el cargo como presidente en funciones, según una circular del 31 de octubre, mediante la cual se decretó asueto el día de los Fieles Difuntos.
Por otro lado, la purga contra personal de la CSJ continúa. Según el ex funcionario en el exilio, Yader Morazán, son más de 300 personas que despidieron, y la “barrida” se extendió hasta departamentos y municipios.
¿Cuál es el motivo de la destitución?
Hasta el momento no se conoce un detalle o explicación exacta de la destitución de Ramos y Centeno, sin embargo, todo esto sucedió durante el proceso de investigación del funcionario de confianza de Ramos, Berman Martínez, y el director de informática Martín García, ambos acusados de actos de corrupción, abuso de poder y enriquecimiento ilícito, según fuentes extraoficiales.
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Se conoce que ambos ex funcionarios detenidos, los trasladaron a la cárcel conocida como El Chipote, no obstante, Martínez se encuentra en casa por cárcel.
CSJ pierde poder
El mismo 31 de octubre, la Asamblea Nacional reformó el artículo 165 de la Constitución Política, para crear el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, como un organismo de la CSJ. Esto tiene como objetivo quitarle atribuciones a este organismo.
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Al mismo tiempo se aprobó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros, Sinare, a la Procuraduría General de la República.
De forma que ahora la Procuraduría General de la República será quien controle los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a través de esta nueva ley.
