La activista Gabriela Morales, ex alumna de la Universidad Juan Pablo II y detenida por la policía sandinista, fue condenada a ocho años de prisión por el supuesto delito de “tráfico de estupefacientes”. Morales fue detenida el 19 de agosto luego de manifestarse ante la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA).
Morales es la tercera joven presa política en el marco del cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y se encuentra en el Sistema Penitenciario Nacional de mujeres “La Esperanza”.
El régimen le imputó los cargos de tráfico de estupefacientes, mismos que han sido ampliamente cuestionados por su entorno y por organizaciones defensoras de derechos humanos, calificándolos de infundados y parte de un patrón de represión sistemática del régimen de Ortega.
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Morales fue arrestada en agosto al vincularla con publicaciones en redes sociales en defensa de la Universidad Centroamericana, confiscada por el régimen de Ortega.
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Fuentes extraoficiales informaron que integrantes del Cuerpo de Poder Ciudadano (CPC) del barrio donde vive Morales, acompañaron a la policía a su vivienda para proceder a capturarla.
Morales estuvo atrincherada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – Managua) durante las protestas que iniciaron en el 2018.
“No solo tenemos que lidiar que nos cierren los espacios cívicos si no también cerrando los espacios de pensamientos críticos. Estos hechos no concuerdan con alguna relación que ellos presentan (la fiscalía). Las chicas están detenidas por protestas en contra de la confiscación de la UCA. Ellas estan muy fuertes, el régimen no las ha doblegado”, expresó Ricado Zeas, miembro de la Unidad Juvenil Estudiantil, a Primer Orden.
