Este es un trabajo de: Intertextual en colaboración con República 18 y Primer Orden Nicaragua.
La lucha de la comunidad LGBTIQ+ avanza a pasos lentos en Nicaragua, aseguran diferentes personas consultadas por Intertextual para este reportaje, aunque coinciden que durante el año 2018 que surgieron las masivas manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega, hubo un estancamiento en cuando las demandas de este sector.
Las personas activistas aseguran que, pese a que el régimen actual de Daniel Ortega se define como un gobierno de izquierda, mantienen posturas similares a las del dictador Anastasio Somoza, el caudillo depuesto durante la revolución sandinista de 1979.
Tras la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007, el mandatario nicaragüense derogó un año después el artículo 204 del Código Procesal Penal. Dicho artículo penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo hasta con tres años de cárcel y fue creado en 1992 por el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
La reforma se dio en el año 2008 y entró en vigor en el 2009. Sin embargo, Daniel Ortega tenía algo entre manos ya que a la misma vez que derogan el artículo 204 penalizan el aborto en todas sus formas el cual tenía más de 150 años de estar vigente en Nicaragua.
Las personas expertas aseguran que en ese entonces hubo un ciclo de mayor flexibilidad a la comunidad LBGTIQ+. “Hasta bares hubo de forma más abierta, cuando previamente no se podía socializar sin temor, hasta para ir a un bar se hacía de forma clandestina”, asegura Adriano, un activista LGBTIQ+ que prefiere ser citado de esa forma por temor a represalias.
María Teresa Blandón, feminista nicaragüense, socióloga y directora de la oenegé centroamericana “La Corriente”, destaca que, aunque hubo una despenalización formal de la “sodomía”, a como se había estipulado a las relaciones entre dos personas del mismo sexo, no se establecieron normativas sobre cómo abordar las disidencias sexuales y de género.
“La ley no es automática como pasó en Nicaragua, que la sacaran del Código Penal como un delito y que implícitamente se reconozca que es un derecho y otra cosa es, si realmente las personas disidentes son reconocidas por las leyes, por las políticas públicas; y si son tratadas como ciudadanas y ciudadanos, por la sociedad”.
Fernando Carcache, coordinador general de la cancelada organización Puntos de Encuentros, asegura que parte de la derogación al artículo 204 “obedecía a condicionamientos internacionales en el sentido de que el gobierno de Daniel Ortega y otros gobiernos tienen compromisos internacionales y partes de estos compromisos es también poder ampliar sus perspectivas sobre derechos humanos”.
Carcache, quien también es sociólogo, dice que, así como el gobierno de Daniel Ortega utiliza su poder para cambiar las leyes, podría crear leyes a favor, específicamente de la comunidad, el matrimonio gay, el reconocimiento a la unión de hechos, la incorporación en los mercados laborales a la comunidad LGBTIQ+ y en particular trans e intersexual, el acceso a créditos, el acceso a cambios de nombres”.
Después de la derogación del artículo 204, el gobierno de Daniel Ortega autorizó crear la Procuraduría de Derechos Humanos, un despacho para la procuradora Especial de la Diversidad Sexual que después le sumaron la atención a personas con VIH y a las trabajadoras sexuales.
Activistas consideran que en realidad este despacho ha sido “estéril”, ya que no ha habido resultados alguno.
Adriano, quien por décadas ha estado inmerso en las demandas de la población gay nicaragüense, también comentó que le ha tocado vivir varias etapas en Nicaragua siendo testigo en primera fila de la situación de la población LGBTIQ.
Recordó la década de los años 50 cuando gobernaba Anastasio Somoza García, poco se hablaba de género, pero que existía un fenómeno de respaldo entre las y los universitarios a los cuerpos disidentes.
“Puedo mencionar que muchas personas o líderes LGBT, la mayoría estaban en el clóset, no se hablaba abiertamente. Fue en el Movimiento Estudiantil en la década de los 50, donde lesbianas, gays que eran dirigentes estudiantiles recibían cierto respaldo a pesar de conocer su identidad u orientación, de esas páginas de la historia poco se habla”, asegura Adriano.
Adriano menciona por ejemplo a Rigoberto López Pérez, quien era homosexual y fue invisibilizado por su gesta heroica.
En el blog de crónicas de David Rocha , quien es catedrático del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, El Salvador), se desentraña un suceso con mucha relevancia como es el asesinato de Anastasio Somoza García en 1956 en manos de Rigoberto López Pérez. “Su homosexualidad es un secreto a voces que el poeta leones mantuvo relaciones amorosas con Rafael Corrales,” se lee en el blog.
La identidad de López Pérez y su valor, marca la historia de lucha LGBTIQ+ invisibilizada en Nicaragua.
Activistas han propuesto que a raíz de lo que hizo López, de asesinar a Somoza García, la Red de la Diversidad de Unión Democrática Renovadora (UNAMOS) o antes el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) han propuesto que el Día del Orgullo Nacional se celebrará en marzo para conmemorar su gesta histórica.
La identidad de Rigoberto López Pérez según el escritor Eduardo Arellano, fue confirmada en un extenso memorándum del embajador de Nicaragua, el doctor Leonte Herdocia en El Salvador el 26 de octubre de 1956, a raíz del atentado a Somoza.
La discriminación y prejuicios era excesiva en esa época destaca el escritor Arellano, pero no era comparado con la hazaña mortal del joven valiente. “La preferencia sexual no anulaba la fibra patriótica y reducía su gigantesca labor al mismo tiempo que con la gesta heroica este derrotaba al machismo homofóbico de Nicaragua y otorgaba una victoria a la comunidad gay que tendría un héroe nacional entre sus congéneres” sostuvo en su artículo de opinión del Nuevo Diario, el 12 de octubre de 2013.
Ser de la comunidad LGBTIQ+ era ilegal, la primera marcha por derechos
Adriano indica que en la época de la dictadura de los Somoza e inclusive después de La Revolución Sandinista hubo cierta tolerancia a pesar de la ilegalidad de ser de la comunidad LGBTIQ+. Lo dicho por nuestro entrevistado es secundada por la Investigación “Memorias Disidentes” del Programa Feminista La Corriente donde explica que esa ilegalidad se expresaba con un “profundo rechazo” a toda expresión de género u orientación del deseo que se apartará al modelo heterosexual.
El FSLN ha tachado a la homosexualidad y lesbianismo como una herencia inmoral del imperialismo norteamericano, argumenta Memorias Disidentes, aseverando que las torturas como: Insultos, chantajes, castigos severos, agresiones físicas y violaciones figuran entre las expresiones de violencia sufrida por lesbianas, homosexuales y bisexuales. “El silencio, el miedo y la vergüenza acompañó a decenas de militantes del FSLN homosexuales, lesbianas y bisexuales que jugaron un papel destacado en la defensa de una revolución de Nicaragua.”
En el año 79 después de la revolución, tomar las armas era un asunto que no lo miraban compatible con personas que se reconocían de la comunidad LGBTIQ+.
Cabe destacar que a pesar de esa diferencia que no era bien vista, muchas personas de la comunidad diversa se comenzaron a insertar en sectores tanto artísticos como militares, “Algunas de nosotras pudimos insertarnos en espacios artísticos e incluso subimos al escenario gubernamental. Muchos artistas homosexuales engrosaron la militancia de aquellos años y la comandante Dora María Téllez sería el máximo símbolo lésbico de nuestra historia revolucionaria en Nicaragua, conocida públicamente pero fueron más personas LGBTIQ+ al servicio militar” relata Crónicas de la Ciudad, escrito por David Rocha en “Nuestras memorias, nuestras revoluciones: Nicaragua otra hora cero.”
LGBTIQ+ en Nicaragua: Ser lesbiana y homosexual era un atentado
La Corriente Nicaragua en el programa radial “ Cuerpos sinvergüenza” titulado homosexuales y lesbianas en la revolución lograron inmortalizar en una entrevista el testimonio de Magaly Quintana, activista feminista histórica de Nicaragua fallecida el 05 de mayo del año 2019.
Magaly recordó que junto a otras mujeres organizó los primeros grupos feministas en el país y se destacó por su incansable lucha por los derechos de las mujeres. Quintana relató que fue miembro del gobierno estudiantil revolucionario, donde trabajó por muchos años al FSLN en todo lo relacionado con la propaganda.
Ser lesbiana y homosexual públicamente era motivo de “rechazo y atentado en el FSLN” aseveró Magaly y que previo al triunfo revolucionario “lesbianas y homosexuales eran remitidos al psiquiátrico o psicólogos para atender sus casos”. En su relato, Quintana señala que para iniciar el supuesto tratamiento psicológico eran obligadas las lesbianas a vestirse de faldas y vestidos.
Quintana manifestaba que ser lesbiana era más peligroso que ser homosexual – “había mayor discriminación contra ellas” para ejemplificar lo dicho contó que fue movilizada a Matagalpa, una zona donde la guerra fue bastante fuerte. “La seguridad del Estado orientada por medio de Lenin Cerna, mandó a destruir núcleos de lesbianas en Matagalpa, para esa acción arbitraria mandaron a hombres, lo más guapos, machos, para hacer un proceso de convención y de conversión. El trabajo que tenían asignado esos hombres era acosar” aseguró la activista revolucionaria.
Cuando intentan agruparse las lesbianas eran nuevamente desarticuladas, unas eran mandadas a la Unión Soviética supuestamente de vacaciones. Pero a otras las mandaron a la zona de guerra “el mensaje estaba claro a ellas las mandaban a que desaparecieran” recordó la histórica activista.
Con el triunfo de la Revolución personas de cuerpos disidentes quieren ser más visibles
Las personas LGBTIQ+ que estaban de forma clandestinaempezaron a organizarse en colectivos en el año 1989, querían salir y hacer visible su participación en la revolución; hubo una presencia pública de la comunidad diversa lo que sería simbólicamente la primera marcha del Orgullo en el décimo aniversario de la revolución sandinista, describe el discurso publicado en Crónicas de la Ciudad, subrayando que “marcharon 50 homosexuales y lesbianas con camisetas negras y triángulos rosados: Era la hora cero para hacernos visibles y mostrar opciones aparte del hombre nuevo.”
Estas 50 personas eran parte del FSLN y del ejército, apunta el activista LGBTIQA+, Adriano, quien recuerda la forma violenta con la que fueron agredidos por expresarse. “A la mayoría de esas personas se les montó una persecución tremenda, una cantidad de ellos estuvieron en la cárcel desnudos bajo interrogación.” Según el activista querían que confesaran que estaban siendo financiados y que tenían vínculos con la oposición en ese momento porque no concebían la necesidad de presentarse públicamente mostrando sus identidades.
“La mayoría de las personas que se atrevieron a participar en esa primera marcha de la comunidad LGBT ahora están muertos y pocos sobrevivientes están en el exilio. Tuvieron que huir porque los persiguieron, no los dejaban estudiar, algunos perdieron sus trabajos porque trabajaban en instituciones del gobierno, otros fueron corridos del ejército únicamente por esa razón”, asevera Adriano.
Artículo 204: memorias de criminalización contra la comunidad LGBT
Dámazo Vargas, activista trans y feminista nicaragüenses, entra en el activismo cuando apenas se acababa de derogar el artículo 204. Ella hace una afirmación interesante “la campaña masiva de activistas principalmente mujeres feministas les costó caro, se penalizó el aborto terapéutico que era la única forma de salvaguardar la vida de las mujeres.”
La activista trans refiere que antes de ser derogado el artículo 204 la población LGBTIQ+ tenía que trabajar desde otras miradas. “No podían hablar de derechos humanos como persona LGTB porque era penalizado reconocernos como persona LGTB, entonces todo se tenía que dirigir al tema salud, por ejemplo, prevención de VIH y desde ahí tratar de organizarnos también.”
El 25 de febrero de 1990, Daniel Ortega Saavedra, junto a otros comandantes que lideraron la Revolución en Nicaragua, perdieron de manera abrupta las elecciones generales, con más del 50 por ciento de los votos contra Violeta Barrios de Chamorro, quien era la candidata de la coalición política, Unión Nacional Opositora (UNO).
Mientras la nueva presidenta alzaba los brazos al cielo en señal de victoria y paz en Nicaragua, la comunidad LGBTIQ+ fue criminalizada con el artículo 204 del código procesal penal que dictaba “comete delito de sodomía el que induzca, promueva, propagandice o practique en forma escandalosa el concúbito entre personas del mismo sexo”.
En el marco jurídico estaba penalizado ser de la comunidad LGBTIQ+, y el gobierno de Barrios le puso énfasis a su cumplimiento. “Derivado de esa penalización el artículo 204 en el código penal vemos la primera discrepancia, donde se supone que regresó la democracia a Nicaragua y se penalizan los derechos” amplia Adriano, añadiendo que se intensificó la persecución contra ellas y ellos. Se desconoce en cuántos casos la tipificación como delito de “sodomía” sirvió para justificar la violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+.
Durante el gobierno de Arnoldo Alemán Lacayo en Nicaragua, por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el periodo de 1997 al año 2002, hubo al menos cuatro casos en el que lesbianas y gays fueron encarcelados por su identidad de género, apunta Adriano.
Uno caso que fue público es el de Aura Rosa Pavón una joven de Masatepe quien fue encarcelada por ser lesbiana y mantener una relación amorosa con una joven. Pavón estuvo en la cárcel, a consecuencia de la implementación del artículo 204. Al salir de la cárcel la joven lesbiana fue asesinada.La Red LGBT de Amnistía Internacional aseguró que el caso de Aura Rosa Pavón marcaba un presedente, era la primera vez en la historia de Nicaragua con respeto a la comunidad LGBTIQ+ que un jurado había declarado culpables a los asesinos de una lesbiana.
Juanita Jiménez abogada de la Comisión Jurídica de la Red de Mujeres contra la Violencia fue quien se hizo cargo como abogada y defensora del caso de Aura Rosa. El argumento de la abogada para convencer al jurado fue el derecho a la vida sin excepción, independiente de la opción sexual, subrayó “que los defensores de los acusados dejaban entender que la vida de la lesbiana vale menos que la vida de una persona heterosexual” y recalcó que “la opción sexual de la persona no puede servir de justificación para agredir a una persona y mucho menos matarla.”
Al final, el jurado consideró que el elemento importante es el respeto a la vida de las personas y condenó a las personas culpables, según informe de La Red LGBT de Amnistía Internacional.
El retroceso en 2018: La violencia contra personas LGBTIQ+ en contexto de la crisis sociopolítica
En medio de todo el recorrido, algunas personas expertas citan los logros, pero a la vez las agresiones a las que el régimen nuevamente ha vuelto a cometer contra esta población nicaragüense.
La Red de Desarrollo Sostenible en Nicaragua (RDS) brindó datos alarmantes de agresiones contra personas de cuerpos disidentes.
Para el año 2019 la misma organización a través de una encuesta realizada a la población LGBTIQ+, reveló que el 55% de las personas entrevistadas ha sido víctimas de algún tipo de agresión sexual o psicológica; el 15% víctima de violencia física, un 33% fue víctima de algún tipo de violencia estatal.
La (RDS) calificó de “preocupante el aumento de crímenes de odio”, entre los casos que reportó está organización está el crimen de odio contra Juana Mena Hernández mujer transgénero, de 35 años, habitante de la ciudad de Masaya, que murió a causa de una golpiza que recibió de un hombre quien supuestamente era su pareja en marzo de este 2023.
En febrero de 2023 se registró otro crimen “en la comunidad El Aguacate, municipio de Jinotepe en Carazo, Juan Ramón García Martínez, de 48 años, mató a su hijo un adolescente de 16 años, a quien rechazaba por su orientación sexual.”
El caso “es considerado un crimen de odio” subrayó la RDS atendiendo a comentarios de personas que los conocían, “los vecinos señalaron que Juan Ramón García Martínez, rechazaba a su hijo por su orientación sexual y que lo había amenazado en reiteradas ocasiones, pese a que era su hijo mayor,” dice la organización nicaragüense.
Alexis Montiel Alfaro, mujer transgénero de la ciudad de Bluefields, es otra víctima de odio. Ella era integrante del Movimiento de Diversidad Sexual de la RACCS. “recibió un brutal ataque por un hombre homofóbico”, así lo denuncia la RDS .
El Observatorio de violaciones a derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Nicaragua en su informe anual 2021, reveló de un total de 70 agresiones documentadas, comprendidas en 67 agresiones, 2 suicidios y un asesinato o crimen de odio. Las víctimas se caracterizaron en 40 mujeres trans, 20 homosexuales, 9 lesbianas, 2 mujeres bisexuales, 2 hombres bisexuales, 1 persona no binaria y 1 sin información sobre su identidad sexual y de género.
En el año 2022, este mismo observatorio identificó un total 43 hechos documentados 39 agresiones, 3 delitos de odio, 1 suicidio.
El Observatorio contra Personas LGBTIQ+ en Nicaragua de Julio a Septiembre de 2023 lleva un registro de 13 agresiones, 1 agresión sexual; siendo las principales víctimas 5 mujeres trans, 5 homosexuales, 1 hombre trans, 2 lesbianas, 1 personas no binaria. En Managua fueron las mayores incidencias.
Nicaragua del futuro, como la sueñan activistas LGBTIQA+
Fernando Carcache, un activista gay, dice que sueña con regresar a Nicaragua y reconstruirla basada en cimientos de respeto y desarrollo de derechos humanos.
“Este periodo ha sido un periodo brutal para la historia, para nuestra generación, (…) nuestra comunidad tiene muchos desafíos, según algunos estudios que han realizado en Centroamérica sobre la comunidad LGBTIQ en particular en Nicaragua, las necesidades de nuestras comunidades se centran en el empoderamiento económico” dijo.
Por su parte un activista del Caribe que pidió no ser citado por temor a represalias, dijo que espera un país con verdadera democracia. “Vamos a tener una verdadera democracia cuando esta dictadura ya no esté, cuando vuelvan todos estos hermanos que se fueron por la represión, que vuelvan a su país y a sus familias.” Espera que los derechos humanos sean al fin un logro donde no haya desigualdades.
Una de las preocupaciones latentes dentro de Nicaragua según María Teresa Blandón, es lo vulnerables que están las personas LGBTIQ+ especialmente en atención especializada de salud.
“Habíamos creado unas cuantas clínicas para atender condiciones de salud de mujeres trans y hombres trans. Estas clínicas desaparecieron y no se sabe ahora dónde pueden recurrir las personas trans e intersex para atender su salud,” lo que genera una situación dramática a la mortalidad de las personas LGBTIQ+ en el país, expone la feminista.
Así mismo, la comunidad no puede denunciar crímenes de odio, porque no hay quien les atienda, el Observatorio de la Corriente ve como se incrementa los crímenes con más saña y como va en concordancia con la impunidad “. En la mayoría de los casos que se han denunciado no hay ningún tipo de investigación ni de sanción a los agresores responsables de cometer estos delitos” advierte la directora de la organización.
Blandón dice que en Nicaragua permanecen unos cuantos activistas que están tratando de llevar a cabo “acciones de solidaridad con las personas más necesitadas”. La violencia, la discrimminacion y los prejuicios no les permite seguir estudiando ni mantener un trabajo y no hay ninguna acción del Estado para poderla resolver.
Ante la situación de crisis sociopolítica, social, económica una gran cantidad de activistas han tenido que exiliarse sobre todo en Costa Rica, pero la situación no es mejor, tienen pocas alternativas para conseguir empleos seguros, y les cuesta acceder a la seguridad social, comentó en un conversatorio la feminista.
María Teresa Blandón menciona que a nivel general la situación de derechos de las y los nicaragüenses es terrible por la sistemática violación por parte del Estado, y que se acentúa con mayor fuerza en el caso de las mujeres y personas LGBTIQ+; sin embargo “las demandas de derechos elementales dentro del pais y desde el exilio persistiran hasta alcanzar derechos como el de la educación, la salud, el empleo digno, el de no ser víctimas de violencia, el poder decidir sobre los propios cuerpos en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, expresarse, formular demandas y movilizarse libremente.” concluyó la feminista desde el exilio en Costa Rica.
