El gobierno de Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con la Plataforma Unitaria de la oposición para revisar las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos contra varios posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2024, horas antes de que venciera el plazo dado por el gobierno de Estados Unidos para definir ese proceso y liberar a estadounidenses y presos políticos.
El acuerdo, llamado “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación”, fue divulgado el jueves por la embajada de Noruega en México, e indica que cada persona inhabilitada deberá acudir personalmente ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer un recurso contencioso administrativo contra la medida.
El recurso se podrá ejercer, en días “continuos y sucesivos”, entre el 1 y el 15 de diciembre de 2023.
“La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”, conforme a los principios de la Constitución, precisa un documento divulgado por la embajada de Noruega, facilitador en el proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición.
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El acuerdo precisa que los interesados deben asumir el compromiso de “acatar” la decisión del TSJ que emane de ese recurso.
Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados el mes pasado, EEUU manifestó su expectativa de que Venezuela definiera “un proceso y plazos precisos para la readmisión de todos los candidatos” antes del fin de noviembre.
EEUU emitió licencias generales autorizando temporalmente algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados en la hoja de ruta electoral y relativos a los presos políticos”.
