A través de la Resolución 89/23, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a un grupo adicional de ocho prisioneros políticos que enfrentan la opresión del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estas medidas se han otorgado en respuesta a las alegaciones de que “las personas detenidas no están en condiciones adecuadas”, según lo expresado en el comunicado de la CIDH.
El 30 de diciembre, se extendieron medidas cautelares a Kevin Emilio Castillo Prado, el periodista Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera (conocida como JECW), Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata y Melba Damaris Hernández. La CIDH fundamentó esta decisión al considerar que estos individuos enfrentan una situación grave y urgente de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua, de acuerdo con el comunicado oficial.
Escucha”Congelamiento del cambio del córdoba frente al dolar: ¿Quien gana y quien pierde?” en Spreaker.La parte demandante de las medidas cautelares argumenta que estas personas fueron privadas de su libertad en un contexto de persecución y criminalización dirigido hacia aquellos que se oponen o critican al gobierno. Olesia Muñoz, encarcelada desde abril de 2023, junto con los demás presos políticos, supuestamente no cuenta con condiciones adecuadas de detención, incluida la falta de acceso a atención médica a pesar de enfrentar diversas afecciones de salud.
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El comunicado de la CIDH subraya que el Estado no ha proporcionado información, destacando la falta de transparencia por parte del régimen dictatorial de Ortega cuando se trata de la salud de los prisioneros de conciencia. La violación continua de los derechos humanos por parte de Ortega y Murillo se manifiesta no solo en la falta de respuesta sobre la salud de los detenidos, sino también en un aumento de la represión contra opositores y disidentes.
La CIDH sostiene que las personas mencionadas están en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de sufrir daños irreparables. Además, exige al gobierno de Daniel Ortega que tome las medidas necesarias para salvaguardar estos derechos y garantizar condiciones que cumplan con los estándares internacionales para quienes están encarcelados por motivos políticos.
Victor Ticay con nueve meses en prisión
En particular, el caso del periodista Víctor Ticay, encarcelado ilegalmente durante nueve meses por transmitir en vivo una actividad religiosa de Semana Santa, ha generado preocupación. Ticay enfrenta acusaciones de traición a la patria y propagación de noticias falsas, mientras sus familiares denuncian las precarias condiciones de salud que experimenta debido a la calidad de la comida en La Modelo.
Estas medidas cautelares se suman a las ya otorgadas a otros secuestrados por la dictadura, como Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Freddy Quezada y Abdul Montoya. Esto evidencia la aparente falta de interés del régimen orteguista en respetar los derechos humanos de los prisioneros políticos, considerándolos, en muchos casos, como inexistentes.
