El parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, deberá elegir este año a un nuevo fiscal general, el máximo cargo del Ministerio Público, que debe renovarse cada siete años, de acuerdo con la Constitución venezolana.
El actual fiscal general es Tarek William Saab, exdiputado y antiguo dirigente del partido de gobierno, cuya gestión ha estado marcada por un contexto de denuncias de violaciones a los derechos humanos, persecución a la disidencia y falta de independencia de los poderes públicos.
El nuevo fiscal general probablemente estará también alineado con el oficialismo, prevén expertos, que señalan que así ha ocurrido desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y que el proceso se encuentra “secuestrado” por el poder político.
Desde el ascenso de Chávez, la titularidad del Ministerio Público se asignó a personas vinculadas al ejecutivo, precisó a la VOA el profesor de derechos humanos en la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Lusverti.
Javier Elechiguerra, fiscal general de 1999, fue procurador del expresidente Hugo Chávez; Isaías Rodríguez, en 2000, venía de ser vicepresidente; y Luisa Ortega Díaz, en 2007, solía resolver casos políticos con resultados favorables para el oficialismo.
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“Tenemos un problema histórico de vicios en su proceso de designación, donde no se cumple con los perfiles previstos en la Constitución y se traduce en fiscales que carecen de independencia y autonomía. Eso permea a todo el Ministerio”, apuntó Lusverti.
Las coincidencias de Saab con el poder ejecutivo le ganaron cuestionamientos a su independencia de parte de un comité de expertos de derechos humanos de la ONU.
“Jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma al gobierno de su país, cuando el fiscal general, normalmente, debe presentar su situación de completa independencia”, le dijo uno de los 15 integrantes del comité, en Ginebra, en octubre.
Saab ha puesto en duda la transparencia de la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) en el país desde 2021, ha defendido la eficiencia del sistema judicial y ha introducido ante la CPI recursos que interrumpirían el caso.
Voz de América
