El Departamento de Estado anunció la implementación de una nueva política de restricción de visas bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), dirigida específicamente a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas de transporte que facilitan la migración irregular a Estados Unidos.
Esta expansión de la política, que reemplaza a la política 3C de Nicaragua sobre vuelos chárter promulgada en noviembre de 2023, abarca a operadores de vuelos chárter, terrestres y marítimos cuyos servicios se dirigen principalmente a personas que tienen la intención de migrar irregularmente a Estados Unidos.
La razón detrás de esta iniciativa radica en combatir las prácticas explotadoras asociadas con la facilitación de la migración irregular. Los migrantes vulnerables a menudo caen víctimas de operadores sin escrúpulos, soportando tarifas extorsionarias y poniendo en considerable riesgo a ellos mismos y a sus familias. En última instancia, muchos de estos individuos se encuentran sujetos a procedimientos de expulsión de acuerdo con las leyes de inmigración de Estados Unidos a su llegada.
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El gobierno de Estados Unidos ha subrayado su compromiso de erradicar todas las formas de explotación dirigidas a migrantes vulnerables. Esta postura va más allá de condenar a los traficantes para incluir la responsabilidad de las empresas privadas, los funcionarios públicos y los gobiernos por sus roles en perpetuar este ciclo dañino.
En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de EE. UU., se enfatizó que ninguna entidad debería lucrar con la difícil situación de los migrantes vulnerables. Con este fin, Estados Unidos tiene la intención de colaborar con los gobiernos y las partes interesadas del sector privado, tanto a nivel nacional como internacional, para desmantelar las redes que facilitan la migración irregular.
