El matrimonio que alguna vez fue parte de un grupo de gente que le plantó cara a otro régimen de otra familia que hizo sangrar al país por más de 40 años, ahora es quien ordena el sufrimiento. Los nicaragüenses han llegado a creer que los Ortega-Murillo, superan ya con sus malas acciones a la familia de Anastasio Somoza.
Daniel Ortega, por ejemplo, lleva más años de manera ininterrumpida en el poder que alguno de los tres Somoza. Junto a Rosario Murillo, la madre de sus hijos, ha ejecutado acciones violentas y “sucias” para ceñirse la banda presidencial cuatro veces y ambos son responsables de desapariciones forzosas, cárcel con procesos oscuros y ejecuciones extrajudiciales, como los señalan los informes internacionales, reseña un analista local.
Agrega que Murillo, la poderosa vocera gubernamental, que dirige a través de sus hijos los asuntos mediáticos del gobierno, que decide que se puede ver o no en las televisoras nicaragüenses, que ordenó la extinción de periódicos y que ha procurado la salida forzada del país de más de 200 periodistas bajo la amenaza de represión, ha vuelto a recibir otro golpe de la comunidad internacional: otro informe en el que se les acusa de una larga lista de violaciones de derechos humanos y claro, se confirma que son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.
Desde abril de 2018, que el país decidió rebelarse contra los Ortega-Murillo y estos respondieron con su verdadera cara, los informes de investigadores independientes que han seguido la crisis, no dejan duda de la maldad del matrimonio. En cada hoja de cada informe, los señalan de responsables de perseguir, reprimir, torturar y asesinar.
Los muertos de Ortega y Murillo
El 16 noviembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un amplio informe en donde documentó la muerte de 355 personas durante la represión en Nicaragua. El conteo de víctimas corresponde a un análisis del organismo regional realizado a hechos ocurridos entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019.
De acuerdo con la CIDH, las víctimas son 340 hombres (incluidos 23 agentes de la Policía) y 15 mujeres. Entre los 355 fallecidos, hay 27 niñas, niños y adolescentes. Los datos, fueron recabados con el aporte realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua).
“Este es un informe espantoso. Leerlo detenidamente causa profundo dolor. Estos señores volvieron a hacer rugir la voz del cañón y la sangre de los hermanos fue otra vez derramada. Estos asesinatos están en la impunidad, pero es una sombra que los perseguirá siempre”, señala el analista.
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Después de hacer público el informe, el organismo internacional le recomendó a Nicaragua “su obligación de investigar todos los actos de violencia (…) con objeto de poner fin a la impunidad”. Además, instó al régimen a “adoptar las medidas necesarias” para superar la crisis y restablecer “la institucionalidad democrática”. Ni Ortega, ni Murillo, ni ninguna autoridad de su régimen, cumplieron recomendación alguna.
La confirmación de los criminales de lesa humanidad
Lo más grave vino después y nada menos y más que de una oficina de las Naciones Unidas. El dos de marzo de 2023, hace un año, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las ONU, presentó en Ginebra, Suiza, otro demoledor informe contra la pareja y siete instituciones del Estado de Nicaragua.
La semana pasada, los expertos emitieron un segundo informe en el que denunciaron que en Nicaragua la situación solo ha empeorado. En el documento llaman a Ortega a rendir cuenta sobre la persecución y la represión contra su mismo pueblo, lo acusó de perpetrar crímenes contra opositores y haber eliminado la iniciativa de movilización social.
Entre las instituciones señaladas de la opresión se encuentra la Policía, sancionada por ser el “brazo represor” del binomio de poder de Nicaragua. El informe confirma la presunción que había hecho en su primer informe en 2023; son responsables de crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses.
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Tras confirmar los crímenes y señalar una vez “las torturas, ejecuciones extrajudiciales” y otras acciones represivas que se sostienen hasta la fecha, los expertos recomendaron a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua.
Tras conocer el informe, Ortega lo desconoció. Criticó la conformación del GHREN, integrado por el jurista alemán y presidente del grupo Jan-Michael Simon, experto en investigación criminal y derecho penal; la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago; y el chileno, Alexandro Álvarez, exconsultor de la CIDH.
La persecución religiosa
Ortega también fue señalado de ordenar la persecución de la fe en Nicaragua. El Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió un informe el tres de junio de 2023, en donde denuncia la persecución religiosa en Nicaragua. El régimen encarceló y desterró a una veintena de sacerdotes, entre ellos los obispos Rolando Álvarez, de Matagalpa e Isidoro Mora, de Siuna.
En su informe, Estados Unidos señaló al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de ser los responsables de los ataques contra los líderes de la Iglesia Católica en Nicaragua.
El documento titulado Informe 2021 sobre Libertad Religiosa Internacional: Nicaragua, el Departamento de Estado detalló una serie de violaciones cometidas por los agentes de la Policía, quienes han asediado y detenido a seminaristas, sacerdotes y a obispos.
“Las autoridades gubernamentales interrumpieron los servicios religiosos organizando ferias de vendedores y tocando música a todo volumen fuera de las iglesias durante los servicios dominicales”, detalla parte del informe.
40 mecanismos de torturas
El 29 de abril de 2023, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, radicado en Costa Rica, hizo público que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo implementó 40 tipos de torturas contra los presos políticos, entre las cuales destaca la violencia sexual que fue perpetrada contra 113 de los 158 presos políticos que incluyeron en la investigación.
De acuerdo con el documento presentado por Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos, siete de las 28 mujeres secuestradas por el régimen, fueron víctimas de violación y las restantes de otro tipo de abusos. En el caso de los hombres, el documento registró dos casos de violación y 88 abusos sexuales.
“Desde abril de 2018 hasta la actualidad se ha instaurado un sistema de terror de Estado y una política de detenciones arbitrarias y tortura contra personas consideradas como ‘opositoras’ y tratadas como enemigas y sin derechos”, denunció el Colectivo, fundado en Costa Rica por defensores de derechos humanos nicaragüenses forzados al exilio.
“El informe deja en evidencia que estamos ante un Estado que practica la tortura de manera sistemática y generalizada, ya que no quedó un sólo lugar de Nicaragua sin víctimas”, afirmó entonces el abogado Juan Carlos Arce.
Desde que iniciaron las protestas en Nicaragua, Ortega y Murillo rechazan todas las denuncias e informes sobre sus acciones sean locales o internacionales, alegando que la rebelión social de 2018 y lo que vino después fue un “fallido golpe de Estado” financiado por Estados Unidos y países europeos, pero sus argumentos, parecen no haber convencido a nadie.
