El régimen de Nicaragua informó mediante el Minsa que partir del 21 de julio del 2023, los viajeros que lleguen al país no requerirán presentar prueba de COVID-19 negativa.
En el documento oficial firmado por la Ministra de Salud de Nicaragua, Martha Reyes, se informa de esta resolución:
“En el contexto de la vigilancia del COVID-19 a nivel mundial y nacional, se ha definido dejar sin efectos los requisitos que corresponden en presentar la tarjeta de vacunación contra la COVID-19 o resultado negativo RT-PCR para COVID-19, a los viajeros que ingresen al país”, dice.
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La resolución ministerial considera que esta debe aplicarse siguiendo las condiciones del Estado para promover, proteger y recuperar la salud en el país.
Precedentes sobre la atención del COVID-19
Nicaragua es uno de los países que menos medidas de seguridad estableció sobre el COVID-19 antes y durante la pandemia.La ex Ministra de Salud, Sonia Castro, fue una de las primeras voces oficiales de la dictadura de Daniel Ortega que mencionó que “Nicaragua no va a establecer medidas” sobre la pandemia del COVID-19.
Al contrario de los demás países a nivel global, Nicaragua dijo que a las personas que ingresaran al país no se les pediría realizar cuarentena.
Monopolización y negocio con pruebas COVID-19
Posteriormente, cuando la pandemia se intensificó, a pesar de que los hospitales se abarrotaron de personas y las pruebas de COVID-19 fueron donadas por distintas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Estado Nicaragüense cobraba una cuota por cada prueba a realizarse para las personas que pretendían viajar desde Nicaragua.
El cobro por acceder a la prueba de hisopado se estableció en 150 dólares, y se tenían que pagar al Ministerio de Salud (Minsa).
El Estado nicaragüense monopolizó la realización de pruebas COVID-19 al punto que el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) fue el único laboratorio autorizado para realizar estas pruebas, y al mismo tiempo fungió como el laboratorio que usó el Minsa.
