En 2022, Costa Rica recibió un impresionante total de 119,000 solicitudes de asilo de parte de ciudadanos nicaragüenses, marcando uno de los números más altos registrados desde que comenzó la crisis sociopolítica en 2018, según cifras proporcionadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En el año 2022, el número de personas que presentaron su primera solicitud de asilo aumentó en un 19%, llegando a aproximadamente 129,000 solicitudes en total. La gran mayoría de estas solicitudes procedían de ciudadanos nicaragüenses, con un total de 119,000, seguidos por ciudadanos venezolanos con 5,600 y colombianos con 1,500.
Las estadísticas basadas en datos de Migración indican que el mayor aumento desde 2021 se produjo entre los ciudadanos nicaragüenses.
La OCDE, en su informe anual sobre migraciones internacionales, señala que, aunque Costa Rica ha sido tradicionalmente un destino para migrantes en América Latina, ha experimentado un incremento significativo en las solicitudes de asilo, especialmente de ciudadanos nicaragüenses, desde finales de 2021.
Cifras sin precedentes
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha advertido que la cantidad de nicaragüenses que buscan protección en Costa Rica supera el número total de refugiados y solicitantes de asilo que llegaron durante las guerras civiles en Centroamérica en la década de 1980.
Hacia finales de 2022, Costa Rica ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto al número de solicitudes de asilo individuales recibidas. Debido a la capacidad limitada para atender esta creciente demanda, el gobierno introdujo diversos cambios en su sistema de asilo durante el año pasado.
Para en febrero de 2022, el gobierno anunció nuevos requisitos de visa para ciudadanos venezolanos y estableció una nueva categoría de visa de tránsito para ciudadanos cubanos y nicaragüenses. La Dirección General de Migración (DGME) explicó que esta nueva política tenía como objetivo “ordenar y regular los flujos migratorios desde su lugar de origen”.
Y en noviembre de ese mismo año, el presidente Rodrigo Chaves emitió dos decretos que establecieron condiciones más estrictas para los solicitantes de asilo.
El gobierno justificó estos decretos como parte de un esfuerzo por “aliviar la sobrecarga del sistema de asilo, que estaba siendo abusado y tenía un impacto negativo en aquellos solicitantes que realmente necesitaban protección internacional y que debían esperar meses, e incluso años, para recibir una decisión sobre su estatus de refugiado”.
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El primer decreto, en vigor desde noviembre del año pasado, restringe la capacidad de los solicitantes para obtener un permiso de trabajo mientras esperan la aprobación de su solicitud de asilo.
Y anteriormente, los solicitantes recibían un permiso de residencia después de dos meses de proceso, lo que automáticamente les otorgaba el derecho a trabajar. Además, se exige que los solicitantes presenten su solicitud de condición de refugiado en el plazo de un mes a partir de su llegada a Costa Rica.
