La Unión Europea mantiene las sanciones a funcionarios e instituciones en Nicaragua tras los hechos ocurridos en 2018 en Nicaragua y asegura mantener una postura firme contra las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses, emprendidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las sanciones aplicadas por la Unión Europeo, (UE), se extienden desde entidades gubernamentales, pasando por funcionarios estatales y llegan a miembros de la familia de régimen de Nicaragua que pesan por ser responsables de graves violaciones de los derechos humanos, elecciones fraudulentas, socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho.
En octubre de 2019, la Unión Europea adoptó una serie de sanciones a contra el régimen Ortega-Murillo, y en vista de la grave situación que persistía en el país, aplicó sus primeras medidas restrictivas contra seis personas el 4 de mayo de 2020, con la advertencia de aplicar más sanciones, si la situación del país no mejoraba.
En la actualidad, el país centroamericano cumplió cinco años de crisis política y social, la situación no mejora y cada vez más, el país se hunde en un deterioro de derechos humanos y con su Estado de derecho hecho trizas.
Invariable postura
El 9 de octubre reciente, el Consejo de la Unión Europea, reanudó por un año más las medidas restrictivas contra el régimen Ortega-Murillo, reafirmando su compromiso con los ciudadanos nicaragüenses y la búsqueda de una solución democrática a la crisis del país.
Al respecto, en entrevista para este reporte, el diputado europeo José Ramón Bauzá indicó que la postura en relación al régimen de Nicaragua se mantiene, además que considera más que necesario “seguir ejerciendo presión y no ceder ni un minuto”.
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De momento, 23 funcionarios y 3 entidades del régimen cuentan con sanciones por tener responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos. Dicho castigo, comprende congelamiento de activos, restricciones de viajar o transitar por los países que conforman la Unión Europea, así como prohibiciones a empresas que quieran establecer relaciones de negocios con los sancionados.
Bauzá apunta a que las sanciones deben endurecerse y extenderse hacia otras personas que también forman parte del aparato represivo. “Es tiempo de seguir mejorando, marcando e implementando las sanciones tanto en calidad como en cantidad, hay que hacer un listado, algunas personas son más visibles que otras…, que no falte ni una de las personas que están formando parte de la cadena de terror del régimen”, sentenció.
Jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral, funcionarios de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, y funcionarios de otras entidades, así como allegados y testaferros, conforman la lista de sancionados señalados de ser parte de la estructura de persecución y represión en el país. Sin embargo, el parlamentario, considera necesario incluir en las medidas restrictivas a otras personas que incurren en acciones represivas y aun no se identifican.
“El mayor daño son las sanciones”
El régimen de Ortega-Murillo en sus reiterados discursos virulentos ha reclamado por las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Aunque entre sus voces hay funcionarios que dicen que en nada les afecta y hasta las han comparado “con medallas”, Daniel Ortega no desaprovecha la oportunidad para lamentarse por lo que él considera es “un castigo injusto”.
“Lo que más les duele a los dictadores, lo que más les duele a los totalitarios, es precisamente las sanciones; sanciones individuales y son individuales, nunca contra el pueblo. Las sanciones son nominales, van con nombres y apellidos dirigidos a los que ejercen el terror, van dirigidas a dictadores, a sus familias y testaferros que mueven el dinero al exterior, y eso es lo que más le duele”, aseguró el parlamentario europeo.
En lista de sancionados por la Unión Europea figuran: la vicepresidenta Rosario Murillo, sus hijos Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. Asimismo, miembros de la Policía entre ellos: el comisionado Ramón Avellán, de cometer graves violaciones de derecho humanos contra los habitantes de Masaya; y el Primer comisionado, Francisco Diaz, Director General de la Policía entre otros jefes de la institución policial.
También en la lista se encuentra: Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a quien el régimen desalojó de su oficina y recientemente reemplazó en su cargo en el poder judicial.
El diputado Bauzá habló de la cercanía del parlamento europeo con la situación de Nicaragua. Condenó por ejemplo, el destierro de 12 sacerdotes nicaragüenses que la dictadura criminalizó envió a Italia, tras excarcelarlos el 18 de octubre pasado.
“Sanciones no le darán tregua al régimen”
Los abusos de Ortega-Murillo, ha ocasionado a lo largo de cinco años de crisis en el país no solo la reacción de la Unión Europea sino de Estados Unidos, Canadá y recientemente Suiza, que renovó el 24 de octubre las sanciones a 21 funcionarios de Nicaragua.
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En este sentido, el parlamentario descartó algún tipo flexibilidad de las medidas restrictivas aplicadas al régimen que gobierna Nicaragua con la fuerza de las armas. “Hoy por hoy, no nos planteamos alguna flexibilización porque consideramos que no se dan ninguna de las circunstancias que lo permitan”, explica.
Además, insistió que aunque el llamado al diálogo ha sido una constante en las resoluciones del parlamento europeo, no se debe olvidar lo que hizo el régimen con todos los miembros de la mesa de negociación del 2019. “Lo que han hecho es no generar confianza para la solución de la crisis política y social que atraviesa el país”, lamentó.
“La última vez que el régimen de Ortega habló de diálogo y entendimiento, creyeron benevolentemente, generosamente, humildemente y democráticamente que se podía dialogar, en el momento que eso pasó, lo que hizo Ortega fue todo lo contrario a lo que prometió; y aquellos que estaban al otro lado dialogando e intentando negociar, fueron a prisión”, recordó.
