Desde la pérdida de la libertad, la nacionalidad, sus bienes y la vida misma, el periodismo independiente de Nicaragua ha sufrido en la guerra que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado contra ellos desde el 2018.
La feroz represión de la dictadura sandinista contra los periodistas en Nicaragua, durante cinco años consecutivos, encuentra a los comunicadores este primero de marzo de 2023, Día Nacional del Periodista, en las peores condiciones del ejercicio, que jamás se recuerden.
El gremio periodístico reportó más de 700 ataques en 2022, según un informe anual de la organización Voces del Sur. Esta nota hace un recuento de las diez principales pérdidas que ha sufrido el periodismo en Nicaragua y que devela, el alto costo pagado por hombres y mujeres en su misión informar bajo una dictadura que quiere silenciarlos a como sea.
Contra la vida y la libertad
El 21 de abril de 2018, el periodista Ángel Gahona perdió la vida mientras cubría las protestas sociales en su ciudad de Bluefields, Caribe Sur de Nicaragua. Si bien la familia y los testigos apuntan a la policía como principal sospechosa del crimen, el régimen culpó a dos jóvenes manifestantes a quienes condenó sin evidencias. Y aunque posteriormente los eximió de culpa en una amnistía de 2019, el crimen de Gahona quedó en la impunidad al no investigarse la responsabilidad policial en el trágico suceso.
Hasta enero de 2023, en Nicaragua había 14 periodistas presos y condenados por los jueces del régimen, por su labor informativa. Más de 100 más, se encuentran en proceso de investigación penal en Nicaragua desde mayo de 2021. Desde el 2018, la dictadura ha perseguido, detenido, acusado y sentenciado a 27 periodistas, de los cuales 14 fueron condenados en 2022 y desterrados en febrero de este año.
Declarados apátridas y confiscados
La dictadura de Ortega y Murillo desterraron y quitaron la nacionalidad legal a 316 nicaragüenses, de los cuales, al menos 26 son periodistas independientes, directores de medios y trabajadores de empresas periodísticas. Mediante turbios procesos judiciales, sin derecho a la defensa, sin evidencias y sin viso alguno de legalidad, jueces al servicio del régimen declararon “traidores a la patria” primero a 222 reos políticos y luego a 94 personas opositores, incluyendo periodistas y comunicadores sociales.
Junto a la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, la dictadura sandinista ordenó la confiscación a favor del Estado de los bienes de los más de 26 periodistas, directores de medios y trabajadores de empresas periodísticas. La toma y asalto de las propiedades privadas de los periodistas inició con el asalto policial a la casa de la periodista Patricia Orozco en diciembre de 2022 y con el asalto y confiscación al edificio donde tenía su apartamento la periodista Sofía Montenegro; ambas fueron acusadas y sentenciadas de “traición a la patria”.
La agresión constante contra medios de comunicación y periodistas, las amenazas de prisión, la persecución penal y judicial, el asedio, acoso y falta de respeto a las libertades civiles de los periodistas, ordenadas y ejecutadas por funcionarios públicos, cuerpos de seguridad y paramilitares, ha llevado al exilio desde 2018 a la fecha a 178 periodistas y comunicadores y al desplazamiento forzado y ocultamiento de residencia a otros 80 más, según datos de las organizaciones Voces del Sur, Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más y la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
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Condenados al desempleo
Aunque no existe un dato concreto sobre el desempleo en el gremio periodístico como consecuencia de la represión sandinista contra los periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, es evidente que el gremio ha perdido cientos de puestos laborales por el cierre y confiscación de medios de comunicación desde 2018.
Además, los periodistas y medios han visto cerrado el acceso a la publicidad estatal desde el ascenso de la dictadura en 2007; cierre de acceso a fondos internacionales con la Ley de Agentes Extranjeros en 2020 y el cierre de más de 3,000 organizaciones no gubernamentales entre 2022 y 2023.
Los periodistas nicaragüenses han perdido desde pequeños espacios radiales o televisivos, hasta periódicos y canales completos. El asalto y confiscación de medios de comunicación inició en diciembre de 2018 con el asalto policial al Canal 100% Noticias y Confidencial; prosiguió con el asalto a las instalaciones de La Prensa y Esta Semana en 2021 y la toma de la sede de Trinchera de la Noticia en 2022.
Desde 2018, según datos de PCIN en septiembre de 2022, a esa fecha al menos 54 medios de comunicación y espacios informativos habían sido cerrados en Nicaragua como efecto de la represión sandinista. Solo en agosto del año pasado, Telcor, el ente censurador del Estado, clausuró 17 medios de comunicación en todo el país, entre ellos Radio Darío en León y emisoras católicas.
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Obligados a ser anónimos y clandestinos
El periodismo profesional a nivel mundial se caracteriza por la firma del periodista como autor de notas informativas, investigaciones, reportajes de profundidad, crónicas de largo aliento y toda suerte de denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Eso le brinda credibilidad a los medios y seguridad a la audiencia sobre el autor de los trabajos periodísticos, pero en Nicaragua, por seguridad, los autores ya no firman sus trabajos en los medios de comunicación.
Esta medida, que priva a los periodistas al derecho intelectual de sus obras, se toma por seguridad desde que el Estado bajo control sandinista judicializó a más de 100 periodistas en 2021, acusándolos de lavado de dinero y emisión de noticias falsas por haber recibido apoyo de organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y otras organizaciones no gubernamentales de larga presencia en el país.
La libertad de expresión, secuestrada
El gremio periodístico ha visto vulnerado como nunca sus derechos constitucionales y universales a la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa desde 2018. El régimen acusó y condenó a personas que emitieron declaraciones críticas contra la dictadura sandinista en medios independientes, incluyendo periodistas como Miguel Mendoza y la estudiante de periodismo Samanta Jirón, que opinaban en redes sociales sobre la situación del país.
En cuanto a la Libertad de Prensa, con la confiscación de medios de comunicación completos y leyes represivas como La Ley de Ciberdelitos, mediante la cual condenaron a más de 17 personas en 2022, el régimen “pulverizó” el derecho a la libertad de prensa en el país.
La pérdida del derecho a la información pública, es la más antigua de las pérdidas sufridas por el gremio periodístico de Nicaragua, ya que la dictadura negó el acceso a la información a los periodistas independientes desde su ascenso al poder en 2007.
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Ese mismo año, el régimen Ortega-Murillo emitió una Estrategia de Comunicación que excluyó a los medios independientes del acceso a la información pública y destinó ese recurso exclusivamente a sus empleados de los medios oficialistas, caracterizados por su subordinación radical, un activismo militante reñido con el ejercicio crítico natural del periodismo y aderezado por la falta de criterios de selección de noticias que corroe vergonzosamente a la prensa oficial.
Desde entonces, las puertas de las instituciones públicas se cerraron a los medios y la información pública se centralizó en los discursos oficiales de, primero, Rosario Murillo, segundo lugar sus hijos y sus medios de comunicación, en tercer lugar por periodistas sandinistas con medios propios que actúan como cajas de resonancia; en cuarto lugar por voceros asalariados como Adolfo Pastrán y Moisés Absalón Pastora y en quinto lugar, por los ejércitos de troles digitales que emiten propaganda en las redes sociales.
