- Hasta octubre de 2023, Costa Rica registró 9,692 mayores de 60 años que todavía son trabajadores activos.
- Un reportaje de Primer Orden Nicaragua en colaboración con República 18 e Intertextual
Carmelita Erlinda Julio Peachy, de 61 años, llegó a Costa Rica el 25 de septiembre de 2023 al igual que miles de migrantes nicaragüenses, sin embargo, jamás pensó que retornaría a su país, pero sin vida.
Esta mujer originaria de la Costa Caribe nicaragüense, salió del país para evitar que se cumplieran las amenazas de muerte que policías habían vertido sobre ella.
En el mes que permaneció en San José, la capital costarricense, no logró acceder a uno de los setenta cupos que habilita diariamente la Dirección de Migración y Extranjería del país centroamericano, según la disposición de la administración del presidente Rodrigo Chaves que fue establecida en noviembre de 2022.
Una vez se venció el plazo de un mes que establece la normativa costarricense y de enfrentar serios problemas para conseguir alimentos, se mudó a una finca para trabajar en Limón, una provincia en la costa caribe de Costa Rica.
“Tres meses después que se fue a Limón me avisaron que ella se murió. Me dijeron que se le inflamó la panza, se quedó ciega, no podía caminar hasta que la llevaron al Hospital Tony Facio”, contó para este reportaje, una familiar que pidió hablar bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Sin embargo, según la familiar, las autoridades del hospital no la atendieron argumentando que no contaba con documentos migratorios ni seguro activo ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
“Solo le pusieron suero”, aseveró la familiar añadiendo que después, Carmelita regresó a donde vivía, soportando dolores. Sin embargo, falleció un día después. “Ella vino para salvar su vida, pero solo vino a buscar su muerte”, apuntó la familiar.
Para este reportaje se envió una consulta a las autoridades de la CCSS y al director del hospital Tony Facio, el doctor Daver Vidal. Vidal dijo que la miskita fue atendida el 18 de noviembre, que se le realizaron los estudios, pero que supuestamente fue retirada por un “familiar que la acompañaba”.
“Se aclara que, al retirarse por su voluntad, no medió recomendación ni seguimiento de su caso al no tener una indicación médica de salida. Desconocemos desde esa fecha el paradero de la paciente”, reafirmó el doctor Vidal a la consulta para esta publicación.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha dicho que no tienen ninguna denuncia sobre el caso.
La familia de la miskita, insisten en la versión de que su pariente no fue atendida. También dicen que ella no tenía familiares en Limón.
No obstante, según organismos de derechos humanos, la miskita fue el reflejo palpable de lo que viven miles de migrantes en Costa Rica, y agregan que las personas de la tercera edad sufren aún más.
De acuerdo con los datos correspondientes al 2023 brindados por la Dirección General de Migración y Extranjería, hasta octubre se recibieron 25,451 solicitudes de refugio, aunque de estos datos no se puede saber cuántos son mayores de 60 años. Sin embargo, Carmelita no forma parte de estas cifras, puesto que no logó concretar su cita para solicitar refugio.
En junio del 2023, la Universidad de Costa Rica (UCR) junto al Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo y la Facultad de Medicina, divulgaron un informe en el que se expresa que en Costa Rica hay 710.417 adultos mayores, de los cuales 109,884 viven solos y son mayores de 85 años.
Además, el 27% de toda la población adulta mayor del país vive en pobreza, y de estos, dos de cada 10 se encuentran en pobreza extrema.
Migrar por la represión
Cuando Dulce Porras puso pie en Costa Rica en 2018, tenía 67 años y llevaba la misma ropa que tres semanas antes, cuando abandonó su vivienda por temor a la Operación Limpieza, como se conoce a la ofensiva del régimen de Daniel Ortega con la que – con la ayuda de la Policía Nacional y agentes paraestatales- desmontó las barricadas que surgieron como protesta en 2018.
“Ya en Costa Rica, nos lavaban la ropa de carreritas. Esperábamos que se secara y nos la volvíamos a poner”, relata.
Asegura que de todo lo que tenía en Nicaragua, lo único que se llevó consigo fueron sus dolencias y enfermedades crónicas.
La crisis sociopolítica que estalló por unas fallidas reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en Nicaragua, obligó al exilio a miles de personas, debido a la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los nicaragüenses se exiliaron principalmente en Costa Rica, entre los que se incluyen, adultos mayores.
Porras es una de las 94 personas a las que el régimen de Nicaragua despojó de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023.
Esta medida había sido aplicada por primera vez a 222 presos políticos que estaban en la cárcel y fueron enviados a Estados Unidos.
Hoy, en el exilio, Dulce se las ingenia en su día a día para sobrevivir de la mano con sus hijos en Costa Rica. Con uno de sus hijos reúne lo necesario para poder pagar las deudas y sobrevivir. Su hijo, quien también huyó por la persecución a opositores en Nicaragua, entrega comida a domicilio en una plataforma digital y ella realiza costuras constantemente para generar ingresos.
Cuando salió de Nicaragua tenía 67 años. Ese viaje significó deshacerse de todo y comenzar de cero, “con una mano atrás y otra adelante”.
A sus 72 años, asegura que la vida le pesa y que la media década de vivir en el extranjero es un relato de sacrificios entrelazados con la danza de la supervivencia y puro sacrificio de una adaptación forzada.
“No tengo ni esperanza de llegar a poner la cabeza en mi cama”, reafirma en un tono de desesperanza.
La afiliación a la Caja Costarricense de Seguridad Social (CCSS) es un requisito para renovar y acceder a ciertas categorías migratorias. Según la Dirección Actuarial y Económica de esta instancia, hasta octubre del 2023 en Costa Rica había 153,161 nicaragüenses trabajadores activos asegurados, y de esos solamente 9,692 son adultos mayores. Es decir que de cada 100 nicaragüenses asegurados, apenas seis tienen más de 65 años, la edad para jubilarse en el país centroamericano.
“Inicialmente yo lograba que me mandaran de Nicaragua mis medicinas debido a que tengo problemas crónicos de salud”, dice, pero al poco tiempo enfermó gravemente.
La comunidad nicaragüense: la única mano amiga
Al encontrarse en un país desconocido, la única mano amiga que encontró fue la de la comunidad de nicaragüenses radicados en Costa Rica. De esta manera consiguió aplicar al convenio entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para obtener un seguro.
Dulce Porras forma parte de los más de 150,000 nicaragüenses que están asegurados en este país, según datos brindados por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Sin embargo, los datos reflejan que existe esa cantidad de adultos mayores solamente como “trabajadores activos nicaragüenses que se encuentran cotizando en alguno de los sectores institucionales”.
“Aquí la atención en salud es muy burocrática. Si vas a pedir una cita médica, te la dan para dentro de un año. Yo esperé casi dos años para que me hicieran una colonoscopía y una gastroscopia, con un problema grave de estómago que he tenido desde que salí de Nicaragua. Casi dos años pasaron para que me los hicieran y al final lo que me dieron fue una caja de omeprazol, que mejor la hubiera ido a comprar yo”, menciona Porras.
En diciembre del año 2022, aquejada por supuestos problemas cardíacos, Dulce Porras ingresó al hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, en San José, la capital de Costa Rica. Sin embargo, su experiencia en este centro de salud dejó más preguntas que respuestas. El protocolo de los médicos se limitó a una toma de presión y un electrocardiograma, sin satisfacer la inquietud de Dulce, quien buscaba un diagnóstico más detallado.
El diagnóstico de los médicos fue que sus válvulas cardíacas presentaban fallos.
“Ellos me dijeron: usted tiene un problema cardíaco serio, sus válvulas no están funcionando, pero si le volviera a dar entonces viene para hacerle ese examen”, relató.
Insatisfecha, consultó a un médico privado, quien, tras realizar un ecocardiograma exhaustivo, contradecía la versión del hospital: no había problemas cardíacos. En cambio, sus malestares se debían a un cuadro de ansiedad.
Actualmente, Dulce prefiere no saltarse ninguna cita para evitar sufrir retrasos. Un ejemplo de ello es que la entrevista que nos brindó la realizamos de forma acelerada para que pudiera asistir a su centro de Equipos Básicos de Atención Integral de Salud, mejor conocidos como Ebais.
El duro exilio que ha tenido que vivir con su hijo, las malas experiencias y los constantes desafíos han mellado su físico pero no su moral, pues afirma que el exilio, a pesar de ser difícil “hay que vivirlo con dignidad”
En Costa Rica, el vecino país del sur de Nicaragua, los adultos mayores nicaragüenses casi no están asegurados. Es decir, que corren por su suerte, muchos automedicándose y otros asistiendo a donde médicos voluntarios, también exiliados, que brindan consultoría en sus tiempos libres, pero que no pueden brindar recetas por no estar inscritos en el colegio de médicos, un procedimiento en el que solamente dos médicos de Nicaragua han logrado concluir.
Costa Rica no lleva datos sólidos sobre adultos mayores migrantes
Se desconoce en cuántas personas refugiadas o solicitantes de asilo en Costa Rica son adultos mayores debido a que la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) sólo registra datos generales de las personas, según respuestas obtenidas por el área de prensa.
Daguer Hernández, ex Subdirector de la DGME, señaló que la respuesta al porqué Costa no clasifica por grupos de edad, es debido a que “respetan el derecho internacional del refugiado”.
“No se puede llevar el dato como exiliados que ingresan al seguro social porque recordemos que como personas que requieren protección internacional de refugio no se les puede identificar como refugiados con base en el principio de confidencialidad, entonces no se puede llevar el dato concreto de personas que están en la condición de refugio que son adultos mayores que ingresan al sistema de seguridad social”, expresó Hernández.
Problemas económicos y para integrarse socialmente
Para el ex subdirector de la DGME, uno de los motivos principales de por qué muchas personas tienen dificultades para conseguir acceso a la salud o trabajo es porque no se integran a la sociedad del nuevo país y no regulan su estatus migratorio, que es una prioridad para los exiliados.
“Si una persona no tiene documentación migratoria, no tiene acceso a la caja y comienza a tener un montón de problemas en adelante con el resto de necesidades o con el cubrir sus necesidades básicas”, señala.
Por otro lado, Hernández afirma que una de las principales dificultades de los adultos mayores exiliados en Costa Rica es el factor económico, ya que les limita el acceso a muchos beneficios como pagar un seguro voluntario que cuesta alrededor de 50 dólares al mes.
“Lo principal es el acceso económico. En el caso de que no tengan posibilidad de cubrir sus necesidades económicas dentro de Costa Rica, hay algunas organizaciones que atienden a personas adultas mayores, sin embargo, considero, en una posición muy personal, que no dan abasto”, afirma.
Los médicos que apoyan a los adultos mayores
Una de estas organizaciones a las que Daguer Hernández hace referencia, es la Unión de Nicaragüenses Exiliados, integrada por varios galenos que tuvieron que salir del país por la represión de Daniel Ortega. Uno de ellos es el doctor Miguel López Baldizón.
Él concuerda con Hernández con respecto a las dificultades económicas, pero también añade que el acceso a la salud es uno de los principales problemas que enfrentan los adultos mayores, pese a la opción de aplicar al seguro proveído por ACNUR.
“En primer lugar, no tiene un seguro de salud, lo cual de alguna manera le cierra la puerta directamente a la atención del sistema de salud costarricense. Por otro lado, tampoco tiene pensión en este país porque no ha cotizado”, explica.
A través de esta organización, el doctor Baldizón afirma que desde 2018 se atendieron cerca de 6,000 nicaragüenses que no tenían seguro, pero suspendieron las clínicas provisionales tras la pandemia del COVID-19. De los atendidos, alrededor de 600 fueron adultos mayores, es decir el 10%.
Esto significa que, desde mayo de 2018 hasta marzo de 2020, una sola organización de médicos voluntarios nicaragüenses atendió a una cantidad similar al 6% del total de adultos mayores asegurados en Costa Rica. Pero al igual que la Unión de Nicaragüenses Exiliados, hay más organizaciones que brindan apoyo a personas no aseguradas.
El doctor Baldizón afirma que casi todas las personas adultas mayores que asisten a colectivos de médicos llegan descompensados, es decir, que se encuentran en un estado de salud inestable, con diversas irregularidades en sus funciones corporales. Esto puede abarcar desde problemas de presión arterial elevada o baja, desequilibrios en los niveles de azúcar en la sangre hasta dificultades respiratorias, pero también ha habido casos de personas que solicitaron asistencia médica con infecciones en estado muy avanzado.
“Ya hemos tenido diabéticos descompensados que vienen con un pie infectado y gangrenado. Significa un problema porque al no tener seguro los hospitales los rechazan, y hay que intervenir. (…) Un paciente diabético se cortó mal una uña, se le infectó el dedo gordo del pie e hizo gangrena. Cuando ya nosotros lo atendimos ya la gangrena, casi que estaba a la mitad de la pierna. Entonces tuvimos que referir para que le hicieran la amputación ya que no tenía seguro”, relata.
En estos casos los médicos nicaragüenses también recurren a otros colegas para solicitar traslados de pacientes a los hospitales, o en casos extraordinarios incluso llegaron a recurrir a la diáspora para solicitar donativos y poder remitir a pacientes a clínicas privadas y poder realizarles estudios y exámenes a los que personas sin seguro médico es muy difícil que accedan.
La lucha por la búsqueda de empleo y medicamentos
El doctor Rommel Meléndez tiene 56 años y es otro de los médicos que, en ocasiones, brinda apoyo a personas que no tienen seguro. Él es integrante de la Unidad Médica Nicaragüense Exiliada en Costa Rica. Dejó Nicaragua desde hace cinco años para resguardar su vida, luego de asistir a manifestantes durante las protestas del 2018.
A pesar de ser médico general y especialista en salud sexual y reproductiva, la vida para él también es difícil, pues no logró conseguir trabajo en su rubro.
Cuando recién llegó a Costa Rica, el doctor Rommel Meléndez intentó continuar sus labores como médico, pero su estatus de refugiado y migración forzada se lo impidió cuando solicitó trabajos en varias farmacias y puestos médicos.
“Yo tengo una licenciatura en farmacia. También soy farmacéutico clínico. ¿Qué es lo que me decían? que estaba sobrevalorado para el cargo que estaba que estaban ofreciendo. Yo le decía: no importa, págueme lo que van a dar, pero lo que necesito es el trabajo. Pero no había forma. Después me salían diciendo que si tenía el título homologado y que si no, que lo sentían mucho”, relató.
El galeno ahora tiene meses trabajando en un bar-restaurante como mesero o cocinero, en dependencia de las exigencias del día, sin expectativas de una pensión para los nueve años que le quedan para entrar en edad de jubilación en Costa Rica, que son 65 años. Con este trabajo como fuente de ingresos sortea la vida compartiendo apartamentos con otras personas para ajustar sus gastos de renta, comida, servicios básicos y pago del seguro médico.
Para este galeno, los adultos mayores enfrentan otro desafío: conseguir medicina. En Nicaragua muchos medicamentos que ocupan las personas de la tercera edad para atender sus enfermedades crónicas, los pueden obtener fácilmente en las farmacias.
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Sin embargo, en Costa Rica no es lo mismo. En dicho país existen lineamientos distintos a los nicaragüenses, y algunos medicamentos que en Managua se pueden conseguir sin receta médica, en San José es obligatorio. Pero la obtención de estas puede significar mucho dinero, ya que los médicos que brindan servicios voluntarios a través de estas organizaciones generalmente no pueden emitirlas.
“El hecho de conseguir una receta, implica prácticamente tener que pagar el servicio del médico y entre más especializado es mucho mayor el gasto. Aquí ir al cardiólogo o ir a un gastroenterólogo es prácticamente el sueldo de la quincena por lo menos de una asalariado”, asevera.
Desde 2018 hasta octubre de 2023, en Costa Rica, hay aproximadamente 178,644 nicaragüenses solicitantes de refugio. Esto representa el 3.5% de la población total de Costa Rica, que es de 5.044.197, hasta julio del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La Caja Costarricense de Seguro Social reconoce como trabajadores activos y asegurados solamente a 9,692 adultos mayores, que responde al 5.4% del total de solicitantes de asilo desde el 2018. El doctor Meléndez afirma que la atención que reciben es, en muchas ocasiones de mala calidad, y señala que los trámites de procesos como realización de exámenes o entregas de resultados son muy lentos.
A pocos años de contar con la edad para jubilarse, cada día que Rommel Meléndez trabaja sus problemas en las rodillas se intensifican. Las largas jornadas de trabajo a las que se somete en el restaurante y su edad aumentan el dolor que sufre, obligándolo a tomar “analgésicos fuertes para mitigar el dolor”.
La razón por la que aún no se ha tratado este problema es porque en el centro de salud al que acudió aún no le dicen, siquiera, si van a realizarle una cirugía que necesita.
En los datos recabados sobre la cantidad de personas nicaragüenses adultos mayores, no se incluyen los exiliados nicaragüenses que obtuvieron seguro mediante el programa de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la CCSS, que solamente es para 6,000 refugiados o solicitantes de refugio. Esto incluye a personas de distintas edades y de varias nacionalidades, entre ellas Nicaragua y Venezuela.
ACNUR respondió a preguntas realizadas durante esta investigación, que este 2023 se firmó un acuerdo financiado por la Unión Europea que contempla otras 3,775 personas refugiadas y solicitantes de asilo. Es decir, en total, hasta el cierre de esta investigación el convenio con la CCSS abarca 9,775 personas. De esos, 5,755 son nicaragüenses, de los cuales 533 son adultos mayores.
El seguro del convenio ACNUR-CCSS está destinado a las personas refugiadas y solicitantes de refugio que cuentan con vulnerabilidades médicas que requieren tratamiento y seguimiento a largo plazo. Quienes desean aplicar deben llenar un formulario en el que explican sus padecimientos y su situación. No obstante, la agencia aclara que no todos los solicitantes tienen cupo para acceder al beneficio.
Según ACNUR, 6,000 personas contarán con este seguro médico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y otras 3,775 hasta agosto del 2024 de acuerdo con el último convenio suscrito. Después de este plazo, según el portal oficial de ACNUR, podría ser renovado de forma automática a algunos beneficiarios.
Adultos mayores hacen uso de seguro de organizaciones
Sofía Velásquez actualmente tiene 63 años. En Nicaragua tendría la edad para jubilarse, mientras que en Costa Rica le faltarían dos años. Ella también salió de Nicaragua después del estallido de las protestas del 18 de abril. Asegura que toda su vida fue opositora y cuando la represión incrementó, apoyó a los manifestantes con comida que ella misma cocinaba. Meses después las amenazas en su contra la hicieron salir de su vivienda.
A cinco años de haberse exiliado en Costa Rica por temor a la persecución en Nicaragua, doña Sofía cuenta con un emprendimiento con su hija “Variedades La Concheña”
El emprendimiento nació con la venta de sopa de albóndigas, un platillo típico nicaragüense. Eso le abrió camino para pertenecer a la Red de Mujeres Pinoleras.
En Costa Rica, al igual que varios nicaragüenses, Sofía Velásquez, acudió a clínicas provisionales destinadas a migrantes exiliados por hipertensión. Ahí le recomendaron explorar opciones de seguro social para deshacerse de las sospechas que tenía con respecto a bultos que se descubrió en el lado derecho del pecho.
Dos años después de estar en Costa Rica, fue beneficiada con el seguro de ACNUR y la CCSS, que logró obtener en el mismo período que le fue diagnosticado cáncer de mama.
No obstante, la experiencia de ella es mucho mejor en comparación con otras. Sofía Velásquez afirma que el servicio de salud que le brindaron fue “buenísimo… buenísima la atención tanto aquí (tanto) en el Ebais como la del traslado, al hospital San Juan de Dios. A mí me atendieron y yo toda la vida lo voy a agradecer”, expresa
Pese a que el seguro de ACNUR y la CCSS sólo se le brindó por un año, ella logró obtener otro tipo de seguro a través de sus hijos, una vez que le fue aprobado el refugio en Costa Rica.
Sofía Velásquez es sobreviviente de cáncer de mama gracias a la buena atención de los médicos, según relató. Y luego de terminar su tratamiento, cada seis meses acude a chequeos de seguimiento e igualmente obtiene medicamentos para prevenir cualquier posibilidad de que el cáncer pueda volver.
Una edad de alta vulnerabilidad en el exilio
Para el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, asentado en Costa Rica, los adultos mayores exiliados en este país están en extrema vulnerabilidad. Dado que a estas edades “la vivienda, el acceso a medios de vida como una pensión por vejez e inclusive lograr acceder a una atención en salud” es fundamental, pero no todos lo logran.
El abogado defensor de esta organización de derechos humanos, Carlos Guadamuz, afirma que la mayoría de la población adulta mayor exiliada en Costa Rica carece de todas estas condiciones, a pesar de que son básicas para cualquier ser humano.
“Nuestra población prácticamente ha perdido su calidad de vida. No tiene posibilidades para mejorar sus condiciones en estos duros momentos. Y debemos recordar que el Estado de Nicaragua es el principal violador de estos derechos por cuanto no garantiza que en Nicaragua existan verdaderas condiciones para retener a la población adulta mayor para darle atención”, menciona.
Brechas en la atención a adultos mayores
Daguer Hernández expresa que si bien la legislación de Costa Rica está plasmado el trato especial para los adultos mayores, en la ejecución no se aplica.
La Ley 7935, Ley Especial para la Persona Adulta Mayor señala entre sus objetivos que se debe “garantizar la protección y la seguridad social de las personas adultas mayores”.
Sin embargo, debido a que las instituciones costarricenses no son capaces de brindar datos proporcionales a la cantidad de nicaragüenses adultos mayores que residen en Costa Rica, es imposible determinar la magnitud de la no aplicación de la ley.
“Efectivamente se establece un trato preferencial y especial, sin embargo, no se profundiza en acciones más allá de una atención pública o de un trato preferencial. No hay programas efectivos de creación para personas adultas mayores dirigidos desde el gobierno, eso no existe. Lo que existe es una ley integral del adulto mayor que todavía no tiene una aplicación efectiva dentro del país”, explica Hernández.
Para el ex funcionario, la sociedad costarricense está en deuda con los adultos mayores porque existe una amplia tasa de pobreza entre la población de la tercera edad según estudios que demuestran la vulnerabilidad a la que están expuestas estas personas.
