El Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, dijo que el opositor Joao Maldonado no estaba en el programa de protección de víctimas del Poder Judicial de Costa Rica.
Maldonado fue víctima de un ataque armado el pasado 10 de enero en San Pedro de Montes de Oca, junto con su esposa, Nadia Robleto. Esta sería la segunda ocasión en que Maldonado sufre un ataque de este tipo desde que se exilió en 2018 en Costa Rica.
“OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de esos ciudadanos nicaragüenses. El programa de protección, según la Ley 8720 está bajo la tutela de la oficina de Víctimas de Testigos, que está adscrita al Ministerio Público. Ellos, con su evaluador son los que se encargan de determinar las medidas procesales y extraprocesales para determinar las personas y el tipo de protección”, señaló Zúñiga.
Sin embargo, aseguró que el seguimiento estaba a cargo del Ministerio Público, aunque esta instancia no había solicitado la participación del OIJ. Además, no negó si otra instancia brindaba algún tipo de protección.
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En declaraciones previas al diario La Nación, el refugiado afirmó que, en agosto del 2023, agentes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) irrumpieron en su casa, en la Gran Área Metropolitana (GAM), para evacuarlo porque había información de que podría sufrir un segundo atentado. En setiembre del 2021, sufrió otra tentativa de homicidio, en Escazú, en la cual sobrevivió a cinco balazos.
Por su parte, Randall Zúñiga aseguró que hay avances en las investigaciones del caso de Maldonado y Robleto, que se está abordando por separado al primer atentado de 2021.
“La investigación va muy bien. No puedo dar más detalle de si es una cuestión de índole política o de criminalidad organizada local, etcétera. Lo que puedo decir es que la investigación lleva buen curso y hay un hilo bastante definido y con eso creemos que vamos a llegar a un buen resultado”, sostuvo Zúñiga.
Este jueves, la administración de Rodrigo Chaves se pronunció sobre el caso del opositor Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, asegurando que no existen indicios de células organizadas y controladas por la dictadura sandinista en Costa Rica.
La reacción de la presidencia de la república de Costa Rica surge luego que el Diario La Nación publicara una entrevista realizada a Maldonado en septiembre, en la que señala que en el país vecino del sur existe un grupo organizado para vigilar y perseguir a opositores a la dictadura sandinista.
