La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), ha evitado hasta la fecha dar detalles sobre las afectaciones reales de la represión eclesiástica extrema que la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo encabeza desde el año 2018 contra la iglesia católica del país y sus “servidores espirituales y morales”.
Pero, se quiera o no, la realidad se impone en las calles y en las misas. Dicho órgano religioso -el de mayor influencia ciudadana hasta el momento y el que más ve limitada su autonomía y proyectos- está siendo desarticulado. Ya no puede cumplir con sus responsabilidades pastorales y humanitarias. Acá los escenarios que se pueden presentar los próximos meses, mientras el sandinismo extermina otra libertad: la de culto.
Desde abril del año 2018, cuando en Nicaragua estalló la crisis social y política que aún persiste, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desencadenó una serie de medidas que han afectado profundamente la libertad religiosa en el país centroamericano, y el catolicismo como tal.
Papa Francisco recibirá a religiosos desterrados por la dictadura
Asfixia financiera, desplazamiento forzado, judicialización, vigilancia policial, restricciones a eventos eclesiásticos y hasta destierro y desnacionalización. Pero el último episodio de este conflicto, y quizás el de mayor impacto hasta ahora, se ve manifestado en la expulsión de más de dos centenares de religiosos católicos. Según Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede en su edición en español, ya fueron trasladados a Roma un total de 31 “sacerdotes y representantes de la iglesia católica” de Nicaragua.
No obstante, según cifras de medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio, más de 200 frailes, sacerdotes, monjas y otros miembros del clérigo han sido desplazados fuera del territorio nicaragüense hasta la fecha.
En guerra continua
La administración sandinista no ha parado de implementar todo tipo de medidas burocráticas y políticas que buscan controlar y restringir las actividades litúrgicas, cancelando organizaciones y medios de comunicación católicos, congelando las cuentas bancarias de todas las arquidiócesis del país y buscando instalar líderes religiosos poco independientes.
“E incluso mandan espías a los rezos”, comentó bajo anonimato una feligresa de la Catedral San Pedro Apóstol de Matagalpa, donde ahora solo se celebra una misa a la semana. Ahí se vive bajo temor constante. La Policía Nacional vigila la zona todos los días, y cada vez menos ciudadanos acuden a la iglesia. Esa realidad se replica en todo el territorio.
“En varias comunidades nicaragüenses, sobre todo en aquellas donde se exigió la libertad de monseñor Rolando Álvarez -detenido en agosto de 2021 y liberado en enero de 2024 tras una condena penal de 26 años y cuatro meses por cuatro delitos diferentes- hubo una especie de ‘limpieza'”, dice Kimberly, una antigua periodista de la extinta Radio Católica de Nicaragua, quien ahora vive en Guatemala. “Desconocemos el número exacto de parroquias, pero varias están cerradas ahora mismo, en diversos puntos del país”, agregó.
Pero sobre esa información, o cualquier otra relacionada a la represión estatal contra la iglesia católica y la libertad de culto, no se ha obtenido declaraciones de los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Por el contrario, el cardenal Leopoldo Brenes, el domingo 21 de enero del corriente año, en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Managua, se declaró “fuente no fidedigna” para las y los periodistas independientes que monitorean la situación de derechos y libertades desde el exilio.
Es más; el líder capitalino invitó a la ciudadanía a leer más la Biblia en aplicaciones móviles, y consumir menos “noticias que en el fondo no tienen fundamento”.
¿Templos que se quedan vacíos?
Dicho esto, el éxodo de más de 200 religiosos católicos desde abril de 2018 y el destierro de más de 30 líderes locales de la iglesia romana, ha dejado a las congregaciones en Nicaragua experimentando un profundo reajuste de liderazgos.
“Debido principalmente a la persecución desatada por el régimen Ortega-Murillo, la iglesia católica en Nicaragua ha perdido por lo menos a la quinta parte del clero que tenía en 2020, pero hay diócesis que han perdido a más de un tercio de sus sacerdotes, lo que repercute en menos servicios religiosos y menos obras sociales en el país. Matagalpa ha perdido al 40 por ciento de su clero”, cita una documentación periodística realizada por el medio independiente matagalpino Mosaico CSI.
Sin embargo, este proceso no se ha dado de manera natural, sino más bien como consecuencia de la imposición de la administración sandinista. Pero la vulnerabilidad financiera y organizativa del catolicismo, parece no ser del interés de Brenes ni de la CEN. Ni un solo comunicado al respecto.
En un intento aparente de suavizar tensiones, la administración de Ortega y Murillo ha enviado a Roma a un total de 39 personas católicas en dos vuelos diferentes, el primero en octubre de 2023 y el segundo en enero de 2024, después de lo que ellos han denominado “fructíferas conversaciones con la Santa Sede”. Pero fue en febrero del año 2023, en un grupo de 222 nicaragüenses excarcelados y desterrados, cuando los primeros ocho religiosos católicos fueron desplazados fuera del país centroamericano, en esa ocasión hacia los Estados Unidos de América.
Ahora bien, esas acciones lo que lograron fue profundizar las interrogantes sobre la verdadera naturaleza de dichas conversaciones -cuando el oficialismo sigue devorando la libertad de religión y atacando al catolicismo-, y sobre el propósito del excarcelamiento y destierro de los religiosos por expresar sus opiniones y creencias.
Cardenal minimiza pero…
En medio de esta crisis, el cardenal Leopoldo Brenes pidió a la ciudadanía no caer en la “zozobra” generada por lo que él consideró “noticias falsas”, sin detallar las circunstancias o dirigir sus críticas a un medio en concreto, pero sí mencionando a los medios impresos, que no existen en Nicaragua.
Este llamado, poco prudente y sin sentido constructivo, no está en sintonía con las tertulias de mediodía de Rosario Murillo en los canales de televisión oficialistas. Durante las últimas semanas (entre diciembre de 2023 y enero de 2024) ella se ha concentrado en llamar “servidores de Satanás”, “demonios” y “terroristas” a los sacerdotes y creyentes católicos.
La presencia de la Policía Nacional vigilando los atrios de las iglesias en Managua, Masaya, Matagalpa, León, Carazo, Granada, Jinotega y Rivas solo empeora el ambiente opresivo y limita la libertad de expresión, culto y reunión, a tal punto de no poder gozar de los derechos que representan estas voluntades constitucionales, concluyen algunos analistas, religiosos y disidentes de la administración Ortega-Murillo.
Esta vigilancia constante, que se ha extendido y multiplicado al igual que las hostilidades contra la iglesia católica, genera un miedo palpable entre las y los ciudadanos, limitando su capacidad de participar enérgicamente en actividades religiosas y expresar sus creencias.
Escenario difícil para la fe de Iglesia Católica de Nicaragua
En medio de esta situación, según periodistas, creyentes católicos y de otras religiones en Nicaragua, analistas y líderes eclesiásticos consultados por este tema, se vislumbran tres posibles escenarios para el futuro reciente del catolicismo y la libertad de culto en Nicaragua:
1.Persiste el control sandinista
Si la represión oficialista persiste en Nicaragua, al ritmo actual -con más de 700 ataques a la iglesia católica y otros 70 contra la iglesia evangélica hasta agosto de 2023, según la última actualización del informe “Nicaragua, ¿una iglesia perseguida?” de la abogada y activista Martha Molina Montenegro-, la administración de Ortega y Murillo aumentará “sin duda alguna” su control sobre el catolicismo, el evangelicalismo, otras religiones y la libertad de culto en general, “como lo ha hecho con la sociedad civil, la empresa privada, las universidades y otros sectores de gran relevancia para la vida diaria de las y los nicaragüenses”, explica Kimberly.
Ella cree que el régimen sandinista es capaz hasta de imponer sacerdotes en los púlpitos “de ser necesario”. “Es extremo, pero acá ‘piensas mal y acertarás'”, dice.
Mientras tanto, el también periodista religioso en el exilio Israel González comenta que ese “es un argumento propio de algunos opositores de línea más dura y de algunos periodistas que simpatizan con la línea dura de la oposición”.
Para este reporte González dijo que el catolicismo es la única y última institución que escapa al control del orteguismo y por eso los ataques del Estado son profundamente viscerales, de odio a la fe. Una cosa es que el contexto nicaragüense sea profundamente adverso para hacer una ‘pastoral’ más beligerante respecto al tema de derechos humanos, y otra muy distinta, es pensar que la jerarquía católica va a plegarse a los designios de la familia Ortega-Murillo, asegura.
Sin embargo, Kimberly cree que al cierre de este texto, ya varias iglesias en diversos puntos del país “se encuentran cerradas o sin líderes”. Ella y González coinciden en que las y los feligreses “tienen miedo”, al igual que los curas que han reemplazado a los sacerdotes desplazados. “Hay una guerra contra nuestras creencias, contra la palabra de Dios y la moralidad que nos genera la fe”, dijo una creyente del catolicismo cuando salía de una misa en la Colonia Primero de Mayo en Managua.
2. La Reacción ciudadana
A esta última fuente se le preguntó sobre las posibilidades ciudadanas de exigir y construir un cambio, al menos en lo que respecta a la libertad de culto o el catolicismo. “Algo así como un pacto social”, se le dijo. “Las misas cada vez se hacen menos, y la sociedad nicaragüense, por muy cansada que esté de la opresión y este sinsentido, no puede movilizarse en defensa de la libertad religiosa y en contra de las medidas gubernamentales que limitan el ejercicio de la fe. Sencillamente no podemos salir de la iglesia para exigir algo. Ni a la Merced ni a San Juan Bosco han dejado salir”, expresó resignada.
El último sismo social en Nicaragua fue el causado por la actual Miss Universo, la caraceña Sheynnis Palacios, la noche del sábado 18 de noviembre de 2023, cuando la ciudadanía nicaragüense, de manera auténtica e innata, salió a las calles en diversos puntos del país para celebrar a su primera “reina de la belleza universal”.
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“¿Qué pasa con la Conferencia Episcopal? Los siete firmantes no dicen nada desde el viernes 24 de noviembre de 2023. Más de 30 sacerdotes ya no predican”, se le preguntó por teléfono a una fuente vinculada a la CEN. “Su reacción debe ser siempre cautelosa, porque el Sumo Pontífice nos ha llamado a dialogar, a tener sabiduría ante la adversidad”, respondió.
3.Más presión internacional
Organizaciones internacionales y países preocupados por la situación en Nicaragua siguen presionando diplomáticamente para exigir el respeto a la libertad religiosa y el cese de la represión contra la fe y sus expresiones. Sin embargo, la efectividad de esta intervención “no significa nada en el territorio” nicaragüense, dijo “Gabriel”, miembro de la iglesia Ríos de Agua Viva en Managua, promotora del evangelicalismo. Ni esa religión se ha salvado de las acusaciones exprés que el sandinismo ha construido.
El Ministerio Público (MP) de Nicaragua acusó hace dos semanas a tres misioneros evangélicos de EE.UU. y a 13 colaboradores nicaragüenses por supuestamente pertenecer a una “estructura delictiva” involucrada en supuesto lavado de dinero, dictando así una orden de captura para los prófugos, según informó la entidad gubernamental.
Por otro lado, por una supuesta investigación “por asuntos administrativos” vinculados a Cáritas, la organización que funcionaba hasta hace algunos meses como el brazo social de la iglesia católica en su sede en Estelí, el sandinismo mantiene detenidas a al menos a tres personas que laboraban en dicha organización.
Y aunque la administración de EE.UU. mantiene a Nicaragua en su lista de “países de especial preocupación por haber cometido o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa” desde junio de 2023, el mandatario Daniel Ortega no ha respondido de forma pública a las acusaciones internacionales por la ola de violencia contra la libertad de culto.
Su embestida continuará, señalan analistas. “Estados Unidos debe continuar apoyando al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos encaminados a la promoción de la democracia y los derechos humanos, y usar las herramientas con arreglo a la legislación estadounidense para aumentar la presión política y financiera sobre la administración de Daniel Ortega”, cita un informe de la independiente Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF).
