La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una resolución de medidas urgentes ordenando a la dictadura de Nicaragua que libere “de inmediato” a los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez.
El tribunal también ordenó a Nicaragua que informe de manera oficial el lugar y las condiciones de detención de estas dos personas y que les permita el contacto con sus familiares y representantes legales.
“La Presidencia (de la CorteIDH) constata que estos hechos se enmarcan y se ajustan al referido contexto de persecución, detenciones y procesos judiciales llevados a cabo contra personas que tienen una posición crítica hacia el Gobierno” de Daniel Ortega, indica la resolución.
Brooklin Rivera es indígena miskitu, diputado regional de la Asamblea Nacional de Nicaragua y máximo líder de la organización y partido político Yatama, de la Costa Caribe nicaragüense.
Dictadura no informa paradero de Rivera
El paradero de Rivera se desconoce desde el 29 de septiembre de 2023 cuando agentes del Estado irrumpieron en su casa en la ciudad de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
“No sabemos nada de él. Nos han amenazado que si lo seguimos buscando nos llevarán presos”, dijo una familiar de Rivera a Primer Orden.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a la CorteIDH que los agentes de la Policía Nacional no presentaron orden de allanamiento ni orden de detención, y que Rivera fue golpeado, esposado y arrestado y, hasta la fecha, se desconoce su paradero.
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Por su parte, Nancy Henríquez, también indígena miskitu, es la diputada suplente de Rivera, presidenta del partido Yatama y su paradero se desconoce desde el 11 de octubre de 2023 cuando fue detenida sin que la Policía Nacional informara de las razones ni de su ubicación.
Aparentemente, Henríquez se encuentra en una cárcel para mujeres, en una celda aislada y en precarias condiciones.
En la resolución publicada este miércoles, la CorteIDH también concedió medidas de protección para las familias de ambas víctimas, pues han denunciado ante la CIDH amenazas y algunos se vieron obligados a exiliarse.
Según informó la CIDH a la CorteIDH, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez “fueron despojados arbitraria e ilegalmente de su escaño parlamentario” y el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica de Yatama, luego de que formara parte de una coalición política de oposición al gobierno de Ortega.
