Voz de América
Familiares de personas arrestadas por razones políticas durante la Semana Santa en Nicaragua han expresado su preocupación por no saber su paradero, ya que no han sido acusados formalmente ni se conoce en el lugar donde se encuentran.
Entre los detenidos hay activistas, feligreses católicos y un periodista que cubrió un evento de la Iglesia católica, pero hasta el lunes no se conocía dónde estaban de estas personas.
Un familiar del periodista Victor Ticay, detenido el jueves, dijo a la Voz de América bajo el anonimato que tienen más de 80 horas de no saber del reportero y tampoco existe una acusación.
Hasta el lunes, las autoridades nicaragüenses no habían hecho declaraciones y tampoco se ha conocido de alguna acusación.
Los familiares de los feligreses católicos Jimmy Bonilla y Enmanuel Gutierrez, detenidos el miércoles en la ciudad de Nandaime, al sur de Managua, tras haber participado en una actividad de la Iglesia, también denunciaron en redes sociales que desconocen su paradero.
“Pedimos a las autoridades que nos den información de nuestros familiares y el motivo de su detención”, publicaron en un mensaje en Facebook.
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Detenidos debieron ser presentados en 48 horas
El abogado Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial nicaragüense dijo a la VOA que dentro del término de las 48 horas de que una persona es arrestada, debe ser presentada y ahí podría ser acusada, es decir, que lo pongan en conocimiento los hechos de los que se le acusa, se le nombra un abogado defensor y se revisa la medida cautelar que corresponde al caso.
También un juez, a petición de la Fiscalía, puede argumentar que no tiene o que se está instruyendo un caso que requiere de un mayor tiempo para ampliar los elementos de prueba de investigación.
Pero en estos casos, Morazán indica que “lo que llama la atención, es que las personas a las que se les ha secuestrado están relacionadas directamente con el ejercicio de la libertad de culto que está reconocido en el artículo 69 de nuestra Constitución política y las autoridades policiales no son autoridades que puedan limitar libertades constitucionales”.
“Las autoridades tienen la obligación de garantizar, es decir, deben ser una extensión, un brazo para garantizar los derechos ya reconocidos en la Constitución política, por un lado. Perturbar actos religiosos, que es en el caso de muchas de estas personas que están vinculadas a actividades cristianas por el período de Semana Santa, eso sí constituye un delito que es llamado perturbación de actos religiosos, que está tipificado y castigado en el artículo 190 de nuestro código penal. Es decir, el hecho de que un policía esté uniformado no lo exime de responsabilidades”, explicó Morazán.
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Al igual que otros arrestos en el país, Morazán dice que a estas personas no se les dice por qué se les arresta, no tienen derecho a abogados, y tampoco los están poniendo a la orden del juez dentro de las 48 horas.
De acuerdo con el Monitoreo Azul y Blanco, que publican organizaciones opositoras, al menos 71 incidentes relacionados a violaciones a los derechos humanos se dieron entre el 1 y 9 de abril.
De estos incidentes, 21 fueron detenciones “arbitrarias” relacionadas con feligreses “apresados por ejercer su derecho a la libertad de culto”. La mayoría de las detenciones, según el informe, ocurrieron en el departamento de Masaya, seguido de Managua.
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su comparencia tradicional en los medios oficiales, no se refirió a las denuncias de organizaciones opositoras y dijo que la Semana Santa se desarrolló “en tranquilidad y seguridad”.
